TERESA CASADO
El juez de Instrucción de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega, Mario Nelson Marriot Torres, fijó para el próximo primero de marzo, el conocimiento de la medida de coerción contra el alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, acusado de negarse a dar informaciones del cabildo, en violación del artículo 30 de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
El magistrado Marriot Torres conocerá el caso a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de la ciudad de La Vega, información suministrada por la Secretaría de la Corte.
Después de un año de trámites ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación se le conocerá la referida medida al alcalde Molina Lluberes.
El sometimiento es de una de dos demandas que la sociedad civil de Cotuí interpuso contra Molina Lluberes, después que la Cámara Civil y Comercial del Distrito judicial de Sánchez Ramírez emitiera el fallo, el 28 de noviembre del 2011, una acción constitucional de amparo, ordenándole al funcionario la entrega de los documentos requeridos por los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias de ese municipio.
En ese sentido, al no cumplir el alcalde con la sentencia, debido a que solo ha entregado una parte de la documentación demandada, la sociedad civil lo acusó de desacato y de violación de dicha ley.
De ser encontrado culpable, el alcalde de Cotuí, podría ser condenado a cinco años de inhabilitación a cargos públicos y entre seis meses y dos años de prisión.
También la sociedad civil interpuso una segunda demanda contra el alcalde, los regidores y los funcionarios del área financiera del cabildo de Cotuí, acusándolos de coalición de funcionarios con la finalidad de malversar fondos públicos.
Actualmente, esta demanda está en manos del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
