Por Manuel Antonio Vega
Hato Mayor del Rey. En un giro creativo y desgarrador a la protesta social, la comunidad de Hato Mayor del Rey ha alzado su voz para exigir la libertad de Jochy Martínez, técnico en informática preso desde finales de 2024.
El nuevo estilo de pedir su liberación: una canción de protesta cuyo videoclip expone la vulnerabilidad de un hombre que, según sus allegados, paga el precio de un sistema judicial inoperante.
El vídeo, que circula entre la población, es un collage emotivo de imágenes del acusado, sus familiares, y su padre, Tony Martínez, conocido empresario quesero, quien aguarda en casa sus últimos días a causa de una enfermedad degenerativa.
El destino judicial de su hijo añade un dolor indescriptible a la familia.
El estribillo de la indignación
La letra de la canción se ha convertido en el eco de la preocupación local, señalando directamente las deficiencias del sistema de justicia
»Un año preso sin respuestas, sin audiencia y sin razón, mientras otros con culpas gigantes duermen libre y con protección.»
Los versos continúan con una crítica punzante a la justicia local: «Dicen que hay justicia en Hato Mayor, pero no se ha visto caminar», lamentando la ironía de que en esta «patria nuestra el que vive limpio es señalado, y el que hace daño tiene amigos que lo salvan sin ser cuestionado».
La pieza musical ataca la facilidad con la que, presuntamente, en los casos de la gente humilde, la justicia «toma las palabras del primero que señala sin pensar».
La canción eleva la figura de Jochy, destacando su rectitud, sus principios, y su compromiso social y religioso, para luego culminar con preguntas que claman por reparación: «¿Quién me devuelve el tiempo a Jochy? ¿Quién cubre el llanto de su hogar? ¿Quién paga el daño de una historia que nunca tuvo ni un lado real?»
La Voz de la Defensa: «No a las Acusaciones sin Pruebas»
La controversia escaló hasta una asamblea de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), donde la maestra y abogada de la defensa, Senia Salas, rompió el silencio con una airada denuncia.
Ante la presencia de la fiscal Marleny Guantes, Salas solicitó prudencia a la ciudadanía y condenó el uso de las redes sociales para juzgar sin fundamentos.
Denunció que Martínez, quien se desempeñaba como monitor de informática en la escuela Francisco del Rosario Sánchez, está siendo «juzgado injustamente» por una supuesta violación.
El pronunciamiento fue ovacionado por el gremio docente, quienes se sumaron a la exigencia de un seguimiento riguroso al caso por parte del Ministerio Público y los educadores para que se «esclarezca la verdad».
Jochy Martínez fue acusado de abuso sexual contra una niña de seis años, alumna de la escuela, aunque el técnico no le impartía clases.
La acusación es sostenida legalmente por la abuela de la menor, cuya madre reside en Puerto Rico tras emigrar ilegalmente en busca de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, los hechos en el expediente judicial siembran grandes dudas:
Las experticias médicas autorizadas por el Ministerio Público arrojaron que la menor no fue penetrada ni anal ni vaginalment, solo se reportó un rasguño, que, según la perspectiva de muchos, pudo haberse producido la niña al rascarse «por encima del panties».
A pesar de estas evidencias y del recurso de apelación presentado por su abogado ante la Corte Penal del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís, el cual fue rechazado, a Jochy Martínez se le impuso un año de prisión y el caso fue declarado complejo.
Entre los docentes de Hato Mayor, existe la creencia generalizada de que el tema busca «sepultar moralmente a Jochy», añadiendo la tragedia personal de su padre, quien en su lecho de muerte, aguarda por la justicia para su hijo.
