Por Manuel Antonio Vega
La justicia, en su concepción más pura, no es un acto de gracia ni un favor personal; es una medida exacta.
Sin embargo, en la geografía jurídica de nuestra República Dominicana, y con especial preocupación en la zona Este, ha comenzado a echar raíces una maleza terminológica y procedimental que amenaza con asfixiar el árbol de la ley, el “chance”.
Bajo el eufemismo del «chance», lo que realmente se esconde es la suspensión caprichosa de la norma.
Cuando un juez o un fiscal decide «chancear» a quien ha vulnerado la paz social —ya sea un delincuente primerizo o un reincidente disfrazado de converso— no está ejerciendo misericordia, está cometiendo una arbitrariedad.
Es erosiónar la ética de la norma procesar.
Desde una perspectiva filosófica, el Derecho existe para ofrecer previsibilidad.
El ciudadano obedece la ley porque sabe que su incumplimiento acarrea una consecuencia.
Cuando aparece el «chance», esa certeza se rompe.
El «chance» es una fisura en el contrato social; es decirle a la sociedad que la ley no es de granito, sino de lodo, moldeable según el apellido, la influencia política o la relación de vecindad.
Reglar la justicia no es tarea exclusiva de la toga y el mallete.
Es una responsabilidad colectiva. La sociedad observa, a veces con estupor y otras con una resignación peligrosa, cómo regresan a las calles aquellos que han fracturado la convivencia: el atracador, el violador, el mercader de veneno (narcotraficante).
Este salto jurídico raya en lo absurdo y convierte a la justicia en un mercado de voluntades, donde las decisiones no se fundamentan en el expediente, sino en la transacción de favores.
El «Chance» como Cómplice de la Tragedia
Debemos ser claros: el «chance» judicial es ominoso y ruin.
Es un aliado silencioso de la tragedia.
Cada vez que una autoridad «perdona» fuera del marco legal, se convierte en cómplice moral del próximo delito que ese individuo cometa.
El compromiso que hemos asumido como vigilantes del comportamiento judicial en nuestra demarcación nace de esa urgencia: que el historial de quienes administran justicia no sea una página en blanco o, peor aún, una mancha de impunidad.
La República Dominicana, un país que históricamente ha luchado por su honorabilidad, se ve hoy acechado por extorsionadores y delincuentes que ven en la debilidad judicial una invitación al caos.
La «moda» del chance debe ser extirpada de raíz.
No podemos permitir que nuestra nación sea narrada en las crónicas sociales como un «pueblo de cómicos» donde la ley es un chiste y el juez un animador de la impunidad.
»La justicia debe ser como el granito: consistente, dura y semitransparente. No puede exfoliarse ni desgastarse por el capricho del ‘chance’.»
Debemos encaminarnos haacia una justicia de conciencia preclara.
El «chancero» —aquella autoridad que soslaya la ley para favorecer al infractor— es, en última instancia, un maledicente de su propio prestigio.
Arruina su nombre y el de la institución que representa.
La uniformidad judicial debe primar; la ley debe ser un rasero igual para todos, sin los matices deformantes de las presiones políticas o los lazos afectivos.
Quien quebrante la ley debe sujetarse al castigo que la propia ley impone.
El perdón jurídico tiene sus cauces legales (la rehabilitación, el cumplimiento de la pena, la reparación del daño), pero nunca debe ser el resultado del arbitrio personal o la amistad.
Decimos NO al chance judicial, porque creemos en una sociedad de orden, protegida por una Constitución que no sea un simple papel, sino un escudo contra la barbarie.
La justicia está para enderezar a la sociedad, no para torcerse ante el delito.
El que la hace, que la pague; ese es el único camino hacia la verdadera paz.
