Monte Coca, ¿tierra sin ley o feudo particular?
Por Manuel Antonio Vega
La paciencia tiene un límite y la dignidad humana no es negociable.
Lo que está ocurriendo en Monte Coca no es un simple conflicto de tierras; es una radiografía del atropello sistemático contra quienes menos tienen.
Bajo el amparo de una impunidad que asombra, la empresa conocida como «La Finca» ha decidido erigirse en juez, fiscal y verdugo, operando al margen de la Constitución y las leyes dominicanas.
El terror como método de gestión
Los testimonios que emergen de la zona son desgarradores.
No basta con el asedio constante a la propiedad de los pequeños productores; ahora la violencia ha escalado al plano físico y psicológico.
Abusos físicos: El ultraje a criadores, lanzados al lodo y abofeteados, es un acto de cobardía que recuerda las épocas más oscuras de nuestra historia.
Acoso judicial: El uso de querellas por «amenazas de muerte» como estrategia para forzar la venta de animales es una manipulación perversa del sistema legal.
Violación de la soberanía hogareña: Llegar al extremo de apagar los fogones en los patios de los campesinos es un acto de humillación innecesaria que busca quebrar el espíritu de la comunidad.
¿Dónde está el Estado?
La pregunta es inevitable: ¿A quién responde el Ministerio Público de Hato Mayor?
Las denuncias llevan más de dos años acumulando polvo en los despachos oficiales.
La pasividad institucional no es solo negligencia, es complicidad. Si, como dicen los lugareños, existe un fiscal asignado para proteger los intereses de la empresa en lugar de garantizar los derechos ciudadanos, estamos ante un secuestro institucional.
La representación política de la provincia no puede seguir en el anonimato ante esta crisis: El Senador Cristóbal Cristobal Castillo y los diputados Carmen Ligia Barceló y Héctor Fodi Rosa tienen la obligación moral y política de dar la cara.
No pueden esperar a que la sangre llegue al río para emitir una nota de condolencias.
Su deber es hoy, en el terreno, enfrentando los desmanes de una compañía que actúa como si Monte Coca fuera un estado independiente.
Un llamado a la cordura antes de la tragedia
Ninguna empresa, por poderosa que sea su genealogía corporativa, tiene la potestad de apresar ciudadanos ni secuestrar ganado fuera de su jurisdicción.
La libertad y el estado de derecho no son sugerencias, son mandatos.
»La Finca» debe entender que tanto golpea la gota de agua sobre la roca que termina por agrietarla.
La comunidad de Monte Coca está al límite.
Advertimos a las autoridades nacionales: si no intervienen de inmediato para frenar estos atropellos, cualquier tragedia futura será responsabilidad directa de quienes, teniendo el poder para detener esta barbarie, prefirieron mirar hacia otro lado.
Es hora de detener a los verdugos de Monte Coca.
El Senador, el Ministerio Público y los diputados de Hato Mayor tienen que poner al frente de lo que puede ser una tragedia de incalculables consecuencias.
Por escribo: “Monte Coca: El polvorín que el Gobierno se niega a ver”.
