Por Manuel Antonio Vega
Del lujo diplomático al banquillo de los acusados por el caso West Side Punta Cana
El brillo de los pasillos de la terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se convirtió, la tarde del pasado miércoles, en el escenario del ocaso para Joan Fernando González Contreras.
El hombre, que hasta hace poco ostentaba el título de Vicecónsul Honorario de Bangladesh en la República Dominicana, fue interceptado por las autoridades migratorias y policiales justo antes de que lograra abordar un vuelo que lo alejaría del cerco judicial que se cerraba sobre él.
González Contreras no es un viajero cualquiera. Su nombre encabeza una lista de presuntos responsables en uno de los escándalos inmobiliarios más ruidosos de los últimos años: el caso del Grupo Paceo.
La orden judicial núm. 2025-AJ0007854, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue el documento que selló su destino, pues a pesar de su estatus diplomático honorario, el peso de las denuncias de decenas de familias —que vieron desaparecer sus ahorros en el proyecto West Side Punta Cana— fue suficiente para que el Ministerio Público actuara con contundencia.
Junto a él, también figura en el expediente Adela Mota Matos, marcando el inicio de una ofensiva legal contra la directiva de la constructora.
El esquema descrito por las víctimas sigue un patrón dolorosamente familiar en el sector inmobiliario de lujo:
La Promesa: Villas modernas en el polo turístico más importante del Caribe, Punta Cana.
Terrenos vacíos o construcciones paralizadas.
Las Víctimas: Inversionistas locales y extranjeros (especialmente de la diáspora dominicana y ciudadanos chilenos) que entregaron sumas millonarias bajo la promesa de una entrega que nunca llegó.
»Nos vendieron un paraíso y nos entregaron un expediente legal», comentaba una de las querellantes tras conocerse el arresto.
El caso cobró relevancia internacional luego de que ciudadanos extranjeros utilizaran plataformas digitales para denunciar que, tras años de pagos, no había ni rastro de las propiedades.
Tras la detención, el ambiente entre los afectados es de una tensa satisfacción. Sin embargo, los representantes legales de las víctimas saben que el proceso apenas comienza.
Han hecho un llamado público urgente:
Formalización de querellas e Instan a cualquier otra persona afectada por el Grupo Paceo a acudir a la Fiscalía del Distrito Nacional para unificar el caso.
Vigilancia del proceso: Los querellantes han solicitado formalmente que el estatus de «Vicecónsul» de González Contreras no se convierta en un escudo de privilegios ni en una herramienta para dilatar el proceso judicial.
¿Qué sigue?
González Contreras será trasladado a la jurisdicción correspondiente para el conocimiento de medidas de coerción. El Ministerio Público deberá ahora demostrar que el arresto en el aeropuerto no fue una casualidad, sino un intento deliberado de evadir la acción de la justicia, mientras las familias estafadas esperan que, más allá de la cárcel, aparezca el dinero de sus sueños perdidos.
