Por Manuel Antonio Vega
El sol de San Juan de la Maguana no solo quemaba el asfalto este domingo; desnudaba la desconexión abismal entre el Palacio Nacional y la realidad de las provincias.
Mientras en los despachos de la capital se hacen cálculos alegres sobre el Producto Interno Bruto y las bondades de la inversión extranjera, en el «Granero del Sur» la gente ha tenido que salir a las calles para defender lo básico: la vida, el agua y la dignidad.
La marcha contra el proyecto Romero de la empresa GoldQuest no fue una simple caminata dominical. Fue un grito de guerra pacífico, pero firme, contra una administración que parece haber olvidado que la soberanía no se negocia en bolsas de valores.
Es alarmante ver cómo el Gobierno ignora el veredicto de un pueblo que ya decidió.
La presencia de cientos de ciudadanos —desde agricultores curtidos por el sol hasta jóvenes preocupados por su futuro— en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta es la prueba fehaciente de que el proyecto Romero es política y socialmente inviable.
Sin embargo, en lugar de escuchar, el Estado responde con cordones policiales y forcejeos.
Es la vieja táctica del poder: cuando faltan argumentos para convencer, se intentan imponer los intereses corporativos mediante la intimidación.
¿Es este el «cambio» prometido? ¿Un cambio donde el agua de nuestros ríos se pone en riesgo por unos cuantos lingotes de oro que terminarán en bóvedas extranjeras?
El costo de la traición
La advertencia de Gabriel Núñez y los ganaderos de la zona no es un capricho.
Si se contamina el pulmón hídrico de la región, no solo morirá la agricultura; morirá la identidad de San Juan.
El Gobierno está jugando con fuego al intentar forzar una explotación minera en una zona cuya vocación es, y siempre ha sido, agropecuaria.
»Aquí manda el pueblo, y el pueblo ya decidió», sentenció Ángelo Vásquez durante la jornada. Y tiene razón.
Un mensaje al Palacio
El veredicto de la calle frente a la Presa de Sabaneta fue una sentencia clara.
El proyecto Romero no es «progreso», es una amenaza de muerte para el ecosistema dominicano.
El Gobierno debe decidir hoy de qué lado está: si del lado de los ciudadanos que protegen sus recursos o del lado de las multinacionales que ven en nuestra tierra una simple mercancía.
San Juan no va a ceder ni un centímetro.
Si el Gobierno insiste en ignorar este levantamiento, debe prepararse para cargar con la responsabilidad histórica de haber priorizado el metal sobre la gente.
El agua vale más que el oro, y la voluntad de un pueblo vale más que cualquier contrato minero.
¿De qué lado está el Gobierno?».
