Por Manuel Antonio Vega
La sala del Tribunal Colegiado de La Altagracia, presidida por la jueza Sagrario del Río, se convirtió en el escenario del cierre de un capítulo que mantuvo en vilo a la República Dominicana. El rostro de John Kelly Martínez, el profesor de matemáticas en quien una comunidad entera confiaba, no pudo sostener el peso de las leyes que él mismo desglosó con sus actos.
Veinte años de prisión. Esa fue la cifra dictada. Dos décadas de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, acompañadas de una indemnización económica de dos millones de pesos y una multa de 200 mil pesos. Sin embargo, para la familia Richiez Martínez, ninguna matemática judicial podrá devolverles lo que se perdió la noche del 12 de febrero de 2023.
La noche de la trampa: Detrás de la fachada escolar
El domingo 12 de febrero de 2023 comenzó como cualquier otro fin de semana en la apacible comunidad de Vista Alegre, en el distrito municipal de La Otra Banda. Esmeralda Richiez Martínez, una adolescente de apenas 16 años llena de futuro, vio en su profesor de secundaria a una figura de respeto y guía. Ese fue el mayor peligro.
Bajo una aparente normalidad, Martínez organizó una salida. En el vehículo no solo iba él; lo acompañaban su primo, Rubiel Morillo Martínez, y otras tres menores de edad, compañeras de aula de Esmeralda. Lo que se perfilaba como un paseo común entre un educador y sus alumnas se transformó, al caer el sol, en una pesadilla oscura y solitaria.
La acusación del Ministerio Público, liderada por los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez, desveló la vulnerabilidad a la que fue sometida la adolescente en un entorno donde quien debía protegerla se convirtió en su verdugo.
La llegada a medianoche y el amanecer del horror
El reloj marcaba aproximadamente las 12:00 de la noche cuando el vehículo regresó a Vista Alegre. Esmeralda cruzó el umbral de su casa, pero ya no era la misma.
Sus padres la vieron entrar con el rostro pálido, despojado de color, y un evidente sangrado. En medio de la confusión y el instinto protector, la ayudaron a instalarse en su habitación, asumiendo quizás un malestar pasajero, sin imaginar la magnitud del daño interno.
El lunes 13 de febrero trajo consigo el peor amanecer para esa familia. El silencio en la casa era denso. Al buscarla, encontraron el cuerpo sin vida de Esmeralda en el suelo del baño de su residencia.
La escena desató el llanto, el caos y una posterior investigación científica que horrorizaría a la opinión pública.
El informe de la autopsia fue devastador e irrefutable: la adolescente sufrió laceraciones, abrasiones y contusiones infligidas de forma voluntaria por Martínez. El mecanismo terminal de su muerte fue un desgarro vaginal que le provocó una hemorragia aguda severa, tanto externa como interna, llevándola a un shock hemorrágico fatal.
El peso de la ley sobre el estrado
Durante el juicio, el Ministerio Público desplegó un arsenal de pruebas para demostrar la saña y la violación de la confianza pública y moral que representaba el caso. Los fiscales tipificaron el crimen bajo una larga lista de violaciones al Código Penal Dominicano y leyes especiales:
- Asociación de malhechores y homicidio: Artículos 265, 266, 302, y 303.
- Abuso y violencia de género: Artículos 303-4 y 331 del Código Penal.
- Violación a la minoridad: Artículo 396 (literales A, B y C) de la Ley 136-03 para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
- Porte ilegal: Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
La defensa del profesor no pudo desmontar la contundencia de los peritajes médicos ni los testimonios del entorno.
Un aula vacía y una lección de justicia
Hoy, las calles de La Otra Banda y los pasillos de la escuela donde John Kelly Martínez impartía docencia cargan con el peso de un recuerdo amargo.
La condena de 20 años busca enviar un mensaje contundente a una sociedad golpeada por los casos de vulneración a menores: las aulas deben ser santuarios de aprendizaje, no zonas de caza.
Mientras Martínez es trasladado a las celdas de Anamuya para purgar su pena, en Vista Alegre queda el eco de una joven de 16 años cuya vida fue truncada por la persona que, por ley y moral, debió haberla llevado sana y salva de regreso a casa.
