Por Manuel Antonio Vega
La República Dominicana se desliza de manera peligrosa hacia una encrucijada financiera de pronóstico reservado. Bajo la gestión del presidente Luis Abinader, el endeudamiento público ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en el oxígeno de un modelo económico insostenible. Con un Congreso que actúa como un mero sello gomígrafo de las exigencias del Poder Ejecutivo, el ritmo de préstamos aprobados dibuja un panorama de vulnerabilidad que compromete la soberanía financiera de las futuras generaciones.
Lo alarmante de esta carrera armamentista del endeudamiento no es solo el volumen del capital comprometido, sino su destino. Lejos de invertirse en infraestructuras productivas que dinamicen la economía real o transformen los sectores clave del país, los fondos se diluyen en la estructura del gasto corriente y en una agresiva red de programas clientelares.
Esta fórmula, lejos de erradicar la pobreza, tiende a cronificarla, transformando la vulnerabilidad social en una herramienta de dependencia política y sumisión electoral.
El déficit fiscal y la trampa del subsidio social
El déficit fiscal de la presente administración avanza de forma decidida hacia el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que enciende las alarmas en cualquier análisis de sostenibilidad macroeconómica.
La raíz de este desbalance se encuentra en la hipertrofia del gasto corriente y en el diseño de un ecosistema político clientelar diagramado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) con el único fin de retener el poder.
La asimetría de las pensiones solidarias
El simulacro de la justicia social se evidencia con crudeza en la política de asignación de pensiones del Estado:
Para los sectores vulnerables: Se otorgan las denominadas «pensiones solidarias» con montos que rondan los RD$6,000.00, una cifra que resulta un insulto frente al costo real de la canasta básica familiar.
Los beneficiarios asumen este paliativo como una tabla de salvación efímera, descubriendo con frustración que el monto se evapora al adquirir apenas un par de cajas de medicamentos esenciales.
Para la élite política: De manera paralela, la dirigencia partidaria y los familiares de funcionarios públicos se ven favorecidos con asignaciones que oscilan entre los RD20,000, RD30,000 y hasta RD$50,000, desnaturalizando el propósito noble del fondo solidario para convertirlo en un botín de favores políticos.
El ciclo de la nómina transitoria
El empleo público se ha convertido en la principal moneda de cambio electoral.
Durante los procesos comiciales, las instituciones del Estado absorben una masa laboral desproporcionada bajo la promesa de estabilidad. Sin embargo, una vez superada la urgencia de las urnas, la realidad se impone: se producen desahucios masivos, dejando tras de sí un rastro de lamentos, desilusión y protestas que se repiten cíclicamente cada cuatro años.
La hipertrofia burocrática y el fenómeno de las «botellas»
Desde su ascenso al poder, la administración de Abinader ha incrementado la nómina pública en más de 123,000 nuevos empleados estatales, llevando el universo total de servidores públicos a una cifra macrocefálica que supera los 773,000.
Este crecimiento no responde a una mejora en la calidad de los servicios públicos, sino a la proliferación de nominillas y puestos ficticios (las llamadas «botellas»).
En la geografía nacional abundan los casos de personas que perciben un salario del Estado sin contraprestación laboral alguna.
Desde supuestos conserjes escolares que jamás han pisado el patio del centro educativo hasta «asesores» provinciales, el denominador común es el carnet del partido oficialista o el parentesco con funcionarios locales.
Mientas la economía marcha sin frenos hacia un abismo fiscal, desde el Palacio Nacional no se articula una sola propuesta seria para racionalizar el gasto burocrático o auditar las plazas laborales del Estado.
Privilegios y la moral pública soslayada
Mientras las bases celebran las dádivas proclamando que «este es el mejor gobierno», la cúpula funcionarial disfruta de sueldos lujosos y beneficios colaterales que atentan directamente contra la moral pública.
Se evidencia un cambio de paradigma alarmante: amplios sectores llegaron a la administración del Estado no para servir, sino para servirse.
Ministros, directores y administradores generales reajustan sus paquetes de compensación e incentivos bajo la mirada indiferente o tolerante de la jefatura del Estado.
De la duplicación del subsidio al silencio de la oposición
El control de los daños reputacionales en materia de corrupción ha sido uno de los sellos de la actual gestión.
Abinader ha optado por apartar de sus cargos a funcionarios señalados por irregularidades, pero ha sido incapaz de trazar una línea institucional contundente.
A diferencia del histórico enunciado de Joaquín Balaguer, quien afirmaba que «la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho», la realidad actual muestra que las compuertas del clientelismo institucionalizado siguen abiertas de par en par.
Un ejemplo irrefutable de esta práctica es la mutación de los programas de asistencia social. El gobierno duplicó de forma deliberada el número de beneficiarios de las tarjetas de subsidio (antigua Solidaridad, hoy Supérate), pasando de 800,000 a 1.6 millones de plásticos.
Al mismo tiempo que aumentó los montos económicos de las tarjetas, provocó una escalada alcista e irreversible en el gasto corriente del Estado, utilizando los recursos de los contribuyentes como un engranaje de mercadeo político.
Abinader y el arte de tomar prestado: ¿Hacia un abismo fiscal?
Tenemos que decirlo con responsabilidad que La República Dominicana camina por la cuerda floja financiera, impulsada por los constantes préstamos solicitados al Congreso por el presidente Luis Abinader.
Lo grave no es solo la deuda, sino que los fondos se diluyen en un esquema clientelar que, lejos de erradicar la pobreza, la vuelve crónica al fomentar la dependencia.
Con un déficit fiscal que ronda el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), la raíz del problema es evidente: el gasto corriente y un engranaje político diseñado por el PRM para retener el poder mediante el reparto. El simulacro social se disfraza de favores.
Desde su llegada al poder, la nómina estatal se ha inflado exponencialmente, sumando miles de nuevos servidores públicos. Las «botellas» pululan en el territorio nacional; conserjes que cobran sin pisar las escuelas y sueldos lujosos que insultan la moral pública.
Llegaron a servirse del Estado, no a servirle.
Ante este panorama, y con una oposición extrañamente silente, la economía avanza sin frenos, dejando en el aire la advertencia de que la patria se endeuda mientras el futuro se hipoteca.
