Por Manuel Antonio Vega
En Sobre la libertad, John Stuart Mill advirtió que si toda la humanidad, a excepción de una sola persona, fuera de una misma opinión, no estaría más justificada al silenciar a esa sola persona que esta en silenciar a la humanidad. Esta máxima, piedra angular del pensamiento democrático moderno, se enfrenta hoy a una severa prueba de fuego en la República Dominicana. La reciente instancia depositada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y diversas organizaciones de derechos humanos ante el Congreso Nacional, exigiendo la modificación de 15 artículos de la Ley 74-25 que da forma al nuevo Código Penal, no es una simple disputa técnica ni un gremialismo corporativo. Es un síntoma directo de una grieta filosófica en la concepción del Estado.
La controversia generada por artículos como el 39, 192, 210 o 379 plantea una interrogante fundamental que atraviesa la historia del pensamiento político: ¿existe la norma para proteger la búsqueda de la verdad o para resguardar la tranquilidad de la estructura del poder?
El valor de la verdad y el espacio público
Desde que Sócrates prefirió beber la cicuta antes que someter su discurso a la ortodoncia punitiva de Atenas, sabemos que la indagación de la verdad es inherently incómoda.
El periodismo de investigación no es más que la institucionalización contemporánea del método socrático: la incomodidad deliberada como herramienta contra el dogmatismo y la opacidad pública.
Cuando el articulado legal tipifica como delito la revelación de secretos sin ponderar el interés público (arts. 192 y 193) o extiende penas disproportionadas de hasta 30 años por supuestos «sabotajes» a sistemas de información (art. 379), el derecho penal trasciende su función tutelar y roza la doctrina de la «razón de Estado».
Como bien teorizó Thomas Hobbes en el Leviatán, el Estado busca la paz social mediante la concentración del monopolio de la violencia física y normativa.
Sin embargo, cuando la búsqueda de orden asfixia el contrapeso de la fiscalización ciudadana, el Leviatán deja de proteger para pasar a petrificar.
Restablecer figuras como la «responsabilidad en cascada» o mantener la difamación y la injuria bajo la amenaza del presidio penal (arts. 208 y 210) produce una patología jurídica harto conocida en la filosofía del derecho: la autocensura por disuasión.
El riesgo de la pena no solo castiga el exceso; paraliza la duda. Y donde la duda se extingue, el debate democrático se reduce a una escenografía.
La doctrina de la «Real Malicia» como imperativo ético
Propugnar por el estándar de la «real malicia», aquella doctrina jurisprudencial que exige probar la clara intencionalidad doloza al fiscalizar a figuras públicas, responde a una comprensión madura del poder.
Kant postulaba en su Ensayo sobre la paz perpetua la importancia del «principio de publicidad»: la invalidez de cualquier pretensión de justicia que requiera mantenerse en secreto para ser efectiva.
El funcionario público, al asumir una responsabilidad ante la polis, suspende parte de su esfera del honor personal en favor de la transparencia que el contrato social le exige.
Sancionar penalmente la crítica o la investigación no protege la dignidad del cargo; institucionaliza un estatuto de inexpugnabilidad.
La libertad de expresión, tal como sostuvieron los gremios firmantes al apelar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no constituye un fuero o privilegio para quien sostiene el micrófono o la pluma.
Es, ontológicamente, una condición de posibilidad para el ciudadano común.
La sociedad no se informa para agasajar a la prensa, sino para ejercer con criterio su condición de soberana.
Hacia una ley que no tema a la luz
Un ordenamiento jurídico que genera temor no edifica convivencia; impone un «efecto helador» (chilling effect) sobre la conciencia colectiva.
Si la Ley 74-25 entra en vigencia en agosto de 2026 sin la adecuada despenalización de las opiniones y sin eximentes sólidas para las denuncias de corrupción y el interés público, no solo se habrá debilitado la labor periodística: se habrá transformado el edificio constitucional de un modelo republicano a uno de supervisión Panóptica, donde el silencio es la única conducta exenta de sospecha.
La reapertura del debate parlamentario a través de vistas públicas no es un favoritismo político; es un imperativo de la prudencia aristotélica.
El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que las leyes de la República se redactan para amparar la libertad de los hombres y mujeres libres, no para blindar a las instituciones contra el contundente e indispensable ejercicio de la verdad.
