Por Manuel Antonio Vega
El devenir histórico de las naciones suele medirse a través de fechas que actúan como bisagras, momentos cruciales donde el destino de un pueblo cambia de rumbo de manera definitiva. Para la República Dominicana, el 16 de agosto de 1978 no fue una simple fecha en el calendario protocolar; fue el bautismo de fuego de su accidentada transición hacia una verdadera democracia. Antinio Guzmán arribó al poder a través del Acuerdo de Santo Domingo, encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano (ORD) y otras fuerzas políticas que decidieron poner fin a la sangrienta dictadura de Joaquín Balaguer.
Al conmemorarse casi medio siglo de aquel acontecimiento, la figura de Silvestre Antonio Guzmán Fernández emerge no solo como el rostro de un relevo gubernamental, sino como el arquitecto de una paz civil que hoy, con demasiada ligereza, damos por sentada.
Para entender la magnitud del hito que significó la juramentación de Antonio Guzmán, es imperativo mirar el espejo retrovisor y observar el denso panorama político de los años 70.
El país venía de superar la traumática experiencia de una guerra civil, una intervención extranjera y, posteriormente, doce años de un régimen encabezado por Joaquín Balaguer.
Aquel período, caracterizado por una fuerte centralización del poder, la intolerancia política y un ambiente de constante tensión social, mantenía a la sociedad dominicana bajo un velo de escepticismo sobre la viabilidad de un cambio pacífico.
La alternancia en el poder por la vía de los votos parecía una utopía inalcanzable en una región históricamente plagada de caudillismos y golpes de Estado.
Por ello, la jornada de agosto de 1978 representó mucho más que el traspaso de la banda presidencial.
Fue, en esencia, el rescate de la soberanía popular expresada en las urnas.
La llegada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al solio presidencial rompió con un maleficio de 48 años sin transmisiones pacíficas del mando entre líderes de parcelas políticas opuestas.
El traspaso, narrado por las crónicas de la época entre los muros solemnes de la Asamblea Nacional y el Palacio del Congreso, se convirtió en un símbolo de madurez colectiva.
Balaguer, al colocar la insignia presidencial en el pecho de Guzmán, no solo cedía el cargo; reconocía, acaso por primera vez de forma tan explícita, los límites que la voluntad popular impone al ejercicio del poder.
Sin embargo, el camino que se abría ante la administración de Guzmán Fernández no estaba alfombrado de rosas.
La crónica histórica nos recuerda la compleja arquitectura institucional de aquel nuevo comienzo: un Congreso profundamente dividido. La controvertida decisión de la Junta Central Electoral de la época, que modificó a última hora los resultados municipales en cuatro provincias, despojó al partido ganador de su mayoría en el Senado, otorgando el control de la Cámara Alta al Partido Reformista.
Este escenario obligó al nuevo mandatario a gobernar bajo un fuego cruzado, inaugurando en el país la era de la coexistencia política forzada y la necesidad del consenso.
La gestión de Antonio Guzmán demostró que la democracia no se agota en el conteo de las papeletas electorales, sino que se construye en el día a día mediante la despolitización de las Fuerzas Armadas, el respeto absoluto a las libertades públicas y la liberación de los presos políticos.
Su gobierno abrió las ventanas para que entraran los aires de la modernidad política y el pluralismo ideológico.
Hoy, cuando miramos el panorama global y regional, muchas veces ensombrecido por el resurgimiento de liderazgos autoritarios, la polarización extrema y el cuestionamiento a las instituciones democráticas, la lección de 1978 cobra una vigencia deslumbrante.
La estabilidad política y el crecimiento económico de los que goza la República Dominicana en el siglo XXI no son frutos del azar; son el resultado directo de decisiones valientes tomadas por hombres y mujeres que, como Antonio Guzmán, entendieron que el bienestar de la Patria y de la Humanidad está por encima de los apetitos personales de permanencia en el poder.
Recordar aquella histórica transición pacífica bajo el telón de fondo del aniversario de la Restauración de la República no es un ejercicio de nostalgia estéril.
Es un aviso imperioso de que la democracia es un edificio en constante construcción, una conquista diaria que requiere de líderes con vocación de servicio, respeto a la ley y, sobre todo, la firme convicción de que la alternancia pacífica es la única garantía de una paz duradera.
El rostro sereno de Antonio Guzmán en los años 70 sigue siendo, para las generaciones presentes y futuras, un faro de civismo que no debemos apagar jamás.
