Por Manuel Antonio Vega
La crisis de los desechos sólidos en el municipio de Hato Mayor del Rey ha dejado de ser un simple problema de logística sanitaria para convertirse en un síntoma de descomposición político-filosófica. Cuando un Estado o un gobierno local abdica de sus funciones esenciales, el vacío de poder nunca queda deshabitado; es devorado de inmediato por las fuerzas del mercado informal. En este territorio, la inoperancia crónica de la gestión municipal que encabeza Amado de la Cruz ha parido un monstruo de dos cabezas: un cabildo indolente y una red de nuevos negociantes que lucran con la inmundicia, transformando el derecho ciudadano a la salud en una mercancía extorsiva.
Desde la perspectiva del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, los ciudadanos ceden parte de su libertad y aportan recursos económicos al soberano, en este caso, el gobierno local, a cambio de orden, seguridad y bienestar común.
Sin embargo, en Hato Mayor este pacto fundacional se encuentra en ruinas.
El cabildo local ha recibido una cantidad histórica de recursos estatales, incluyendo más de 14.5 millones de pesos otorgados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia para la compra de camiones compactadores, además de asignaciones complementarias.
Pese a esta inyección presupuestaria, la ciudad ostenta el penoso título de ser una de las más arrabalizadas del país.
¿Dónde están los camiones? ¿En qué pliegue de la burocracia se diluyó el dinero del pueblo?
La respuesta municipal de que «no hay unidades suficientes» no es solo una falacia técnica; es una flagrante inmoralidad política.
Ante este abandono, ha surgido la dictadura de los motovolteos.
El nacimiento de este negocio informal, con tarifas que oscilan de manera arbitraria entre los 200 y 1,000 pesos, desvela la perversión de la necesidad pública.
Aquí opera la lógica del capitalismo más salvaje y despiadado: ante la ausencia del servicio público, el ciudadano se ve obligado a pagar un impuesto doble para no sepultarse en sus propios desperdicios.
Lo verdaderamente alarmante, bajo una óptica ética, es la profunda mala fe con la que operan estos nuevos mercaderes de la basura.
Para evitar el trayecto de siete kilómetros hacia el vertedero oficial en El Manchado, los operadores de las motocargas recogen los desechos de los hogares adinerados y los depositan en las periferias y carreteras del municipio.
Este acto no es una solución; es un traslado geográfico de la miseria.
Limpiar el espacio privado a costa de destruir el espacio común es el acto nihilista por excelencia.
Se recogen bolsas en el centro para levantar promontorios monumentales en las entradas y salidas de la ciudad, multiplicándose como verdolagas en cafetal.
El entorno natural se convierte así en la fosa común del desprecio ciudadano.
Por su parte, el cabildo se limita a limpiar las arterias comerciales y los sectores céntricos, aplicando una justicia distributiva segregacionista donde los barrios periféricos quedan condenados al olvido.
La denuncia de que empleados municipales desvían rutas bajo órdenes telefónicas particulares o directrices del ejecutivo municipal agrava la sospecha de una complicidad estructural.
El negocio de la basura es tangible y visible en cada esquina.
Si el cabildo no persigue, sanciona y captura a quienes improvisan estos vertederos satélites, su silencio deja de ser negligencia para convertirse en un pacto de mutua conveniencia.
Se hacen cómplices.
La inacción de la autoridad municipal ante este ecocidio cotidiano equivale a una firma de coautoría en el negocio del caos.
Hato Mayor del Rey no puede seguir siendo el tablero de juego donde la inoperancia institucional y el oportunismo privado se alimentan mutuamente.
Exigir la fiscalización de los 14.5 millones de pesos y la persecución punitiva de las motocargas clandestinas ya no es solo una demanda administrativa; es un imperativo categórico para la supervivencia de la comunidad.
El ayuntamiento debe asumir su rol ético y legal, o aceptar ante la historia que ha renunciado a gobernar para convertirse en el principal cómplice de la arrabalización de su propio pueblo.
