Por Manuel Antonio Vega
La exhibición impúdica de armas de alto calibre en las operaciones del narcotráfico en la región Este de la República Dominicana ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en una realidad cotidiana y sangrienta. Las ráfagas de metralletas que cortan la tranquilidad de los pueblos costeros y agrícolas no son ficciones ni registros inventados por la prensa sensacionalista; son datos crudos extraídos de las propias estadísticas de las autoridades antinarcóticos.
Cada operativo fallido, cada balacera en un colmadón y cada cuerpo abandonado en una carretera rural confirman que el litoral oriental del país se ha transformado en un territorio sin ley, donde el Estado dominicano parece haber decidido mirar hacia otro lado.
El mapa del terror está claramente definido.
Localidades como Miches, Sabana de la Mar, El Valle, Higüey, La Romana, Hato Mayor y San Pedro de Macorís comparten una doble y trágica condición: son paraísos turísticos y ecológicos, pero también los principales puertos de entrada de un flujo incesante de armamento de guerra.
En estas comunidades, los delincuentes ya no se conforman con armas cortas de fabricación casera; ahora patrullan y ejecutan sus disputas con subfusiles Uzi, metralletas y rifles automáticos equipados con los tristemente célebres cargadores «Banana», capaces de almacenar treinta o más proyectiles.
Esta capacidad de fuego supera, en muchos casos, los recursos de las patrullas policiales locales, dejando a los ciudadanos en una vulnerabilidad absoluta.
La sangre derramada en esta región tiene nombres y apellidos que la frialdad gubernamental no puede borrar.
El 15 de febrero de 2024, el municipio de El Valle, en Hato Mayor, revivió el horror cuando un grupo de sicarios a bordo de un vehículo negro abrió fuego indiscriminado con armas de alto calibre. El saldo fue de tres muertos y cinco heridos.
Entre las víctimas fatales se encontraba Luis Manuel Hernández, un respetado profesor de educación física y técnico distrital.
Su muerte demostró que las balas del narcotráfico ya no solo alcanzan a quienes están involucrados en el negocio, sino que barren con la vida de ciudadanos honestos y profesionales valiosos.
Este patrón de violencia salvaje es sistémico.
Años antes, en enero de 2017, la misma provincia de Hato Mayor fue escenario de ejecuciones a quemarropa. Cristian Morales García fue acribillado y su cuerpo abandonado en un camino de Casa Colorada, en Mata Palacio; casi simultáneamente, Erick Mota Trinidad fue silenciado en la comunidad de El Manchado. En mayo de 2020, otros dos supuestos narcos cayeron abatidos en El Valle al enfrentar a la policía.
Todos estos casos tienen un denominador común: el uso de armamento ilegal que ingresa masivamente al territorio nacional sin que las aduanas, la Armada o los organismos de inteligencia militar muevan un dedo para evitarlo.
Resulta inconcebible que, mientras el gobierno central promociona con bombos y platillos el desarrollo turístico del Este, toda la línea costera desde Punta Cana hasta Sabana de la Mar funcione como un colador marítimo.
Los informes de inteligencia popular y comunitaria señalan la existencia de un poderoso cartel binacional que opera de manera fluida entre Puerto Rico y la República Dominicana.
La dinámica es perversa y eficiente: lanchas rápidas llegan desde la vecina Isla del Encanto cargadas de fusiles y pistolas automáticas, desembarcan el armamento en playas desiertas o muelles clandestinos, y regresan de inmediato repletas de cargamentos de drogas alucinógenas.
Lo más alarmante es la normalización del delito.
En los pueblos de la zona oriental, el mercado negro de armas opera con la naturalidad de cualquier comercio lícito.
La población sabe perfectamente quiénes son los distribuidores y maneja los precios al dedillo: una pistola con cargador extendido tipo «Banana» se cotiza entre los 60 y 80 mil pesos, mientras que un arma recortada de guerra o un fusil automático puede alcanzar los 200 mil pesos.
Si la ciudadanía conoce los puntos de venta, los costos y las identidades de los traficantes, ¿cómo es posible que los departamentos de inteligencia del Estado muestren una ceguera tan absoluta?
La respuesta a esta interrogante apunta directamente a la inercia, si no a la complicidad, de las estructuras de poder.
La legislación dominicana sobre el control de armas es severa en el papel, pero completamente estéril en la práctica.
Las denuncias comunitarias insisten de manera reiterada en que la impunidad de la que gozan estas bandas se debe a la protección de funcionarios gubernamentales y figuras allegadas al poder político.
Solo la protección de alto nivel explica la facilidad con la que se mueven estos arsenales por carreteras fuertemente vigiladas y cómo las lanchas rápidas burlan constantemente el patrullaje de la Armada Dominicana.
El gobierno actual no puede seguir respondiendo con discursos evasivos ni con operativos mediáticos de pocas horas que solo capturan a los eslabones más débiles de la cadena.
La inacción estatal ante el trasiego de armas en el Este no es simple ineficiencia; es una abdicación de la responsabilidad soberana de proteger la vida de los dominicanos.
Si el Poder Ejecutivo no interviene de manera urgente los puertos, playas y destacamentos de la región oriental, destituyendo a las autoridades locales comprometidas y desmantelando los centros de distribución, estará entregando formalmente el control de la región a los señores de la guerra y al narcotráfico.
El tiempo de las promesas se agotó; la seguridad de la nación se desangra por las costas del Este.
