Por Manuel Antonio Vega
Las 32 provincias que integran el territorio nacional se han convertido en un solo y permanente tiroteo. Mientras la seguridad ciudadana brilla por su ausencia, la delincuencia rompe todos los escenarios imaginables, escalando peldaños de terror y dejando a su paso una estela sangrienta de muertos y heridos. Vivimos un desorden sin parangón, donde las armas de fuego son las grandes protagonistas de la cotidianidad y las autoridades judiciales y policiales actúan como cómplices silenciosos debido a su apatía y alarmante falta de acción.
La consigna en las calles parece clara y cínica: «Esto es dispara, que aquí no se cae preso».
Esta cruda realidad se respira en cualquier barrio, avenida o carretera.
Los delincuentes salieron del anonimato callejero para convertirse en sicarios y asesinos fríos, sin que se perciba una respuesta oficial contundente.
El caso más espantoso y reciente se vivió la tarde del pasado domingo en Boca Chica, donde las balas silenciaron la vida de al menos dos personas, incluyendo a un artista urbano, y dejaron a otras diez heridas, algunas de gravedad.
Los verdugos, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego a diestra y siniestra, demostrando que hoy cualquiera puede ser el objetivo de los pistoleros.
No hay ciudad ni campo exento de estos ataques perversos que siembran pánico, pavor y un profundo desencanto en la población.
El país está desamparado. La Policía Nacional ni da abasto ni cuenta con la preparación para enfrentar a bandas criminales fuertemente armadas, cuyos equipos sofisticados superan en potencia a los que portan los hombres de uniforme.
Ante los ojos de la ciudadanía, la percepción es humillante: parecería que son los agentes policiales quienes huyen de los antisociales.
Gran parte de esta violencia sanguinaria se atribuye al consumo y venta de sustancias alucinógenas.
El delincuente solitario ha dado paso a estructuras complejas que operan como auténticas empresas del sicariato.
Estos grupos ejecutan sin piedad por deudas, recelos familiares, disputas de herencias, «tumbes» de drogas o dinero, e incluso por conflictos sentimentales absurdos.
Es evidente que el crimen organizado está mejor estructurado que la propia policía dominicana.
Cuando los criminales salen a perpetrar un hecho, lo hacen de forma exprés para eliminar a su objetivo; mientras tanto, los uniformados llegan tarde, cansados de dar vueltas y gastar combustible «tratando de ver si encuentran un delincuente».
La osadía es tal que, en muchos pueblos, los asesinos merodean las portadas de los cuarteles para monitorear los movimientos de las patrullas y burlar sus recorridos.
Mientras el ciudadano común vive con el corazón en la boca, los capos se refugian en mansiones dispersas o en villas con piscina en zonas estratégicas.
Hay que decir la verdad: la delincuencia maneja la tecnología y las redes mucho mejor que las autoridades.
En diversas ciudades, el crimen instala sus propias cámaras de seguridad para controlar quién entra y sale de su radio de acción.
Van más lejos: utilizan drones que vuelan kilómetros para vigilar sus guaridas y detectar cualquier peligro.
Frente a esta infraestructura criminal, el agente policial promedio deambula exhibiendo una simple pistola al cinto, convirtiéndose en el blanco perfecto de unos «tigres» que, con alarmante frecuencia, los desarman y los asesinan con su propia arma de reglamento.
El número de delincuentes crece en todo el territorio nacional, mientras que la presencia policial es prácticamente nula en barrios, zonas rurales y residenciales.
La encrucijada actual no admite medias tintas: o enfrentamos con determinación a los delincuentes, o nos declaramos un Estado fallido e inservible para restablecer la paz ciudadana, hoy rota por la ciberdelincuencia y el sicariato.
Ante este panorama, quedan preguntas obligatorias en el aire: ¿Por qué actúan con tanta rapidez y nunca son aprehendidos? ¿Cuentan estos asesinos con respaldo enquistado en el poder político y policial para operar con total impunidad?
Son interrogantes que el gobierno debe responder con actuaciones de inteligencia militar y menos publicidad mediática, para no dar tiempo a la escapada.
Siempre se ha sospechado que desde las entrañas de la Policía Nacional y del propio Ministerio Público se alertan a los delincuentes antes de un allanamiento o una requisa.
Si esto es verdad, significa que desde adentro se cobra por información que vende la vida de los ciudadanos.
Es hora de limpiar la casa, tecnificar las fuerzas del orden y devolverle el país a la gente honesta.
De lo contrario, el tiroteo terminará por extinguir lo poco que nos queda de nación.
