-La Barrick dice haber invertido 4,000 millones de dólares en base a préstamos obtenidos en sus propias entidades financieras y con garantía de la mina ajena. El gobierno no insistió en la auditoría para determinar el real valor de las instalaciones, limitándose a bajar intereses y aceptando que se lo carguen a los costos de operaciones; como también la depreciación, lo que viola normas contables. Inversión y costos sobrevaluados encubren cuantiosos beneficios de la transnacional.
-El Estado, dueño del oro, sigue sin poseer una sola acción y, por tanto, sin participar en la gestión de la empresa, lo que nos expone al engaño y la depredación.
-Las multas por violaciones aduanales, que suman casi 1000 millones de dólares, fueron ilegalmente descartadas.
-Los onerosos costos ambientales, cargados abusivamente al Estado dominicano, y las medidas para reducirlos, fueron ignoradas. Del cianuro ni se habló.
-El privilegio sobre el uso gratis de las aguas de la Presa de Hatillo se mantiene a riesgo de un gran desastre ecológico.
-Continuará la violación al Código de Trabajo y normas de OIT, aceptándole a Barrick un régimen laboral especial. Igual la violación al régimen de divisas del Banco Central.
El contrato, nulo de origen, ilegal, inconstitucional, saqueador y depredador, seguirá vigente casi totalmente; mientras el gobierno no especifica en que empleará sus nuevos ingresos, lo que se presta a su mal o inadecuado uso.
La “montaña” por miedosa “parió un ratón”, mal utilizando la ejemplar lucha de este pueblo que arrinconó a la Barrick. Vale, pues, insistir en la nacionalización.
