Por Manuel Antonio Vega
SANTO DOMINGO.— La sombra de la violencia de género se cierne sobre los primeros días del 2026.
Lo que debió ser un periodo de renovación se ha visto empañado por la muerte de Ismailyn, una adolescente de apenas 17 años y nacionalidad haitiana, quien perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental en el Distrito Nacional.
El hecho, que ocurrió la tarde de este domingo, añade una capa de crueldad adicional a la estadística: la joven se encontraba en estado de gestación, truncando así dos vidas en un mismo acto de violencia.
En detalles del suceso, según los reportes preliminares, el incidente se originó durante una fuerte discusión en la vivienda que ambos compartían bajo la modalidad de unión libre.
Los vecinos del sector alertaron sobre los gritos, pero para cuando la joven fue trasladada a un centro de salud, los esfuerzos médicos resultaron insuficientes, expiró mientras era reanimada.
Actualmente, el cuerpo de Ismailyn permanece en la morgue del centro hospitalario.
Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado por un factor recurrente en poblaciones vulnerables: la falta de documentación.
Las autoridades del centro de salud han mantenido total hermetismo, negándose a ofrecer detalles técnicos sobre la causa de muerte o el tiempo de gestación, alegando que la víctima no portaba cédula ni documentos de identidad al momento del ingreso.
Se ha confirmado que la madre de la menor reside en la provincia de San Pedro de Macorís, esperándose que en las próximas horas se traslade a la capital para la identificación formal del cuerpo y el reclamo de los restos.
En el contexto legal y social, este caso pone de relieve tres problemáticas críticas en la agenda nacional de este 2026:
Embarazo adolescente: Una menor de 17 años conviviendo en unión libre.
Vulnerabilidad migrante: Las barreras institucionales para procesar casos de personas indocumentadas.
La persistencia de la violencia intrafamiliar como principal causa de muerte violenta en mujeres.
»Estamos ante una tragedia que combina la minoría de edad, la falta de estatus legal y la violencia machista.
Es un recordatorio urgente de que los protocolos de protección aún tienen grietas profundas», comentó una fuente ligada a organizaciones de derechos humanos que sigue el caso.
Las autoridades policiales y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para dar con el paradero del presunto agresor, quien se encuentra prófugo desde el momento del altercado.
