Por Manuel Antonio Vega
LA ROMANA.- La sentencia de la Suprema Corte de Justicis-TS-26-0283 pone fin al litigio judicial, obligando a los funcionarios del cabildo de La Romana a
cumplir con la devolución de RD$ 2.3 millones de pesos percibidos ilegalmente.
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó un fallo
trascendental para la transparencia municipal al confirmar la sentencia que anula el
aumento salarial que se otorgaron 14 regidores y la vicealcaldesa del municipio de La
Romana.
Mediante la sentencia SCJ-TS-26-0283, de fecha 13 de febrero de 2026, el alto tribunal
rechazó los recursos que buscaban validar los incrementos, dejando en firme la decisión
dictada por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, jueza de la Primera Sala de la Cámara
Civil de La Romana, quien ya había declarado la ilegalidad de los aumentos, ordenando
la devolución de los valores excedentes cobrados.
Sorprendentemente, los regidores y la vicealcaldesa fueron representados por la
Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), que gestaron con un equipo de
abogados la representación de los ediles ante la Suprema.
Este fallo, obliga al Alcalde Eduardo Kery Metivier a descontar y restituir al erario
municipal la suma total de RD$2,300,000.00, dinero que fue cobrado por los ediles de
manera injustificada, tal cual señala el ordinal segundo de la sentencia primigenia.
El caso se remonta a principio del 2025, cuando la sociedad civil y diversos sectores
repudiaron el aumento salarial.
Los abogados Wanchy Medina y Máximo Alburquerque argumentaron con éxito que los
funcionarios Municipales violaron el artículo 140 de la Constitución al legislar en su propio
beneficio.
Tras conocerse el dictamen de la Suprema Corte, el abogado Wanchy Medina expresó
su satisfacción por el respeto a la legalidad:
«Este fallo no es solo una victoria juridica, es un triunfo para el ciudadano de La Romana y
para la institucionalidad del pais. Hemos demostrado que ningún funcionario, por más
poder que ostente, está por encima de la Constitución; intimó al alcalde a cumplir con el
descuento dictado del modo y manera que ordenó la jueza Cabral», afirmó Medina.
Por su parte, el jurista Máximo Alburquerque destacó la importancia de la devolución de
los fondos:
«La justicia ha sido enfática: esos RD$2.3 millones deben retornar a las arcas municipales
para ser invertidos en obras y servicios para la comunidad, no en salarios aprobados de
espaldas a la ley. Se cierra un capítulo de arbitrariedad en la gestion local, sentenció
Alburquerque.
Con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, se agotan las vías ordinarias de
apelación, convirtiendo la sentencia en irrevocable y de ejecución inmediata.
Impacto en la municipalidad
Expertos en derecho administrativo señalan que este fallo representa una victoria contra
la discrecionalidad administrativa en los gobiernos locales. La sentencia subraya que la
autonomía municipal no es absoluta y está supeditada al control jurisdiccional y al
cumplimiento de la ley orgánica que rige a los ayuntamientos.
