Por Manuel Antonio Vega
En la República Dominicana, hablar de control de armas es hablar de una quimera. Mientras el Ministerio de Interior y Policía intenta proyectar una imagen de orden institucional, la realidad en las calles cuenta una historia de sangre, impunidad y un mercado negro que opera a la vista de todos, a menudo con la mirada cómplice —o el bolsillo abierto— de quienes deberían combatirlo.
La Ley 631-16 fue vendida como el remedio definitivo contra el desorden armamentístico. Sin embargo, en la práctica, ha resultado ser una «entelequia»; una invención que solo respetan los ciudadanos temerosos de la ley.
Aunque el Tribunal Constitucional fijó los 18 años como edad mínima, la cruda realidad es que los mayores portadores de armas ilegales son menores de edad.
Niños y adolescentes se pasean con armas facilitadas por el crimen organizado, dejando un rastro de muerte ante la incapacidad estatal de cortar la cadena de suministro.
La ley dicta penas de 3 a 5 años por porte ilegal. Pero todos sabemos cómo funciona el «negocio»: cuando un delincuente es detenido, se activa una subasta de dinero en los destacamentos.
El arma regresa al cinto y el detenido a la calle.
Si por «mala suerte» el caso llega al tribunal, una multa irrisoria de cinco o diez mil pesos basta para lavar la culpa.
Es notorio ver agentes policiales y autoridades del gobierno en el «drink» o colmadones, exhibiendo armas en violación a la ley. Ese es un mal ejemplo.
Es irónico que se prohíba el porte en lugares públicos cuando los propios agentes del orden son los primeros en exhibir sus armas en bares, drinks y colmados. Se comportan como «chivos sin ley», utilizando el arma de reglamento no para proteger, sino para intimidar o pavonearse en entornos de consumo de alcohol, violando la misma normativa que juraron defender.
El privilegio de los «enyabaos» y el «Formulario 25».
El sistema de licencias es, en sí mismo, un nido de privilegios, pues mientras el ciudadano común debe saltar obstáculos burocráticos y pagar impuestos anuales, existe la casta de los «enyabaos». Mediante el uso del «Formulario 25», calieses, asimilados y dirigentes políticos de turno obtienen patentes de corso para andar armados sin cumplir los requisitos que se le exigen al resto de la sociedad.
Un colador llamado Frontera
Las autoridades admiten, con una mezcla de cinismo e impotencia, que las armas entran por las fronteras, yolas y aeropuertos. El mercado negro que desangra a la República Dominicana, pues, la seguridad ciudadana es un concepto que se escribe con tinta, pero se borra con sangre.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas armas ilegales circulan hoy en manos de civiles y militares.
El país se ha convertido en un polvorín donde la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas no es más que una entelequia, una quimera jurídica que solo respetan quienes temen a la ley, mientras los delincuentes se ríen de ella en cada esquina.
En este país lo que existe es un descontrol fuera de toda estadística.
El Ministerio de Interior y Policía es, en teoría, la institución responsable de regular el porte y la tenencia. Sin embargo, la realidad camina por la acera de enfrente.
Nadie tiene control sobre la marea de metales que viaja al cinto de delincuentes, en los cajones de las pasolas o debajo de los asientos de vehículos que transitan impunemente por nuestras calles, carreteras y autopistas. Incluso en la intimidad del hogar dominicano, el arma ilegal se ha convertido en un «mal necesario» ante la incapacidad del Estado para garantizar la paz, creando un inventario fantasma que ninguna autoridad se atreve a cifrar.
Pero este debate legal «se cae de bruces» al observar la morgue: los mayores portadores de armas ilegales son menores de edad. A estos jóvenes se les facilitan o adquieren artefactos de muerte para delinquir, dejando un rastro de luto y lesiones permanentes en la sociedad.
Mientras los legisladores debaten tecnicismos, la juventud se arma en los barrios ante la mirada indiferente del sistema. En los cuarteles policiales y oficinas de fiscales existe un raro negocio de la impunidad, pues se denuncia que se hacen negocios pingües
La ley es clara: el porte ilegal conlleva penas de tres a cinco años de prisión y el decomiso del arma. Mentira.
En la práctica, cuando se detiene a un infractor, muchas veces se inicia el «negocio del peaje». El cuartel se convierte en una casa de cambio donde el dinero permite que el detenido salga con su arma al cinto antes de que se seque la tinta del acta policial.
En los casos donde se quiere «hacer la maldad» y se llega al tribunal, el sistema judicial completa el ciclo de impunidad: multas irrisorias de cinco o diez mil pesos que funcionan más como un impuesto a la ilegalidad que como un castigo ejemplar.
El privilegio político y el «Formulario 25»
El sistema de renovación anual es otro fracaso. Más de la mitad de quienes poseen armas legales están en falta, convirtiéndose en infractores por no pagar los arbitrios. Para ellos, el Ministerio suele otorgar «Gracias» que, sospechosamente, siempre coinciden con favores políticos para los compañeros del partido de turno.
Peor aún es el uso de los famosos «enyabados» o beneficiarios del «Formulario 25». Insisto que este permiso se ha convertido en el escudo de caliés, asimilados y dirigentes políticos, permitiendo que personas que no deberían portar ni un cortaplumas anden armadas bajo una supuesta legalidad institucional.
Armas de guerra en manos de «santos»
La ley reserva los fusiles, carabinas y rifles automáticos exclusivamente para el Gobierno. Los civiles estamos limitados a calibres menores (desde el .22 hasta los 9mm). Sin embargo, en el Este y en todo el país, es común ver a narcotraficantes, sicarios y delincuentes de alto perfil portando armas de guerra sin ser molestados.
Estos individuos son tratados como «santos» en círculos militares y judiciales, moviéndose con un poder de fuego que supera, en ocasiones, al de la propia policía patrullera.
Las autoridades lo han admitido: las armas entran «como Pedro por su casa». Llegan por las costas en embarcaciones, que también transportan drogas, los aeropuertos y, principalmente, por la frontera con Haití. Proceden de Estados Unidos y Puerto Rico, alimentando una Meca de la ilegalidad que cuenta con el patrocinio de autoridades y políticos con nexos oscuros.
Una propuesta de urgencia: No podemos seguir parchando una ley que no se aplica. Es necesario: Eliminar las prórrogas y «gracias» para el porte y tenencia; estas solo sirven para favorecer a la clientela política.
Ejecutar operativos sorpresa y allanamientos reales, previo a un llamado de entrega voluntaria con plazo fijo; destrucción pública del armamento incautado para evitar que las armas «limpiadas» en los cuarteles vuelvan a las calles.
La República Dominicana no puede seguir siendo un mercado negro a cielo abierto. Si la Ley 631-16 va a seguir siendo un adorno, mejor que reconozcan que aquí la única ley que impera es la del más armado.
