Por Manuel Antonio Vega
La política, en su expresión más noble, es la herramienta para corregir las distorsiones que afectan la vida cotidiana de la gente.
La reciente iniciativa depositada por el senador de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, para modificar el Decreto 6-19 sobre el Reglamento de Licencias de Conducir, no es solo un trámite administrativo; es una batalla frontal contra la discriminación por edad y un recordatorio de que la dignidad humana no tiene fecha de vencimiento.
El argumento del legislador Castillo es tan simple como contundente: el Artículo 39 de nuestra Constitución establece que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, el reglamento actual impone una «penalidad de tiempo» a quienes superan los 65 años, obligándolos a renovar su permiso de conducir cada dos años (e incluso cada año para vehículos de carga), mientras que el resto de la población lo hace cada cuatro.
Esta medida, que el senador califica acertadamente como inconstitucional, asume erróneamente que la capacidad de una persona se desvanece automáticamente al cumplir seis décadas y media.
Castillo levanta la voz por una generación de ciudadanos que, lejos de ser una carga, se mantienen activos, lúcidos y productivos.
Sintonía con el Sentir Social
La iniciativa no llega en el vacío. Se suma a voces de peso como la del magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, quien recientemente expuso la frustración de ser tratado como un ciudadano «de segunda» por el simple hecho de su edad.
Al canalizar este malestar a través de una resolución formal ante el Senado, Cristóbal Castillo demuestra una vez más por qué es considerado el legislador más productivo que ha tenido Hato Mayor desde su elevación a provincia en 1984.
»Limitar la vigencia de la licencia por razones exclusivas de edad constituye una medida discriminatoria y contraria a los principios constitucionales de igualdad humana», sostiene el senador Cristóbal Castillo.
Hato Mayor en el Mapa Legislativo
Es digno de destacar que el senador Castillo no se limita a las fronteras geográficas de su provincia, sino que impulsa cambios que benefician a todos los dominicanos.
Su gestión se caracteriza por una escucha activa: está atento a los problemas del transporte, pero también a la defensa de los derechos civiles.
Los puntos clave de la resolución:
Defensa de la Igualdad: Alineación del reglamento con el mandato constitucional.
Protección al adulto mayor: Reconocimiento de la capacidad física y psicológica de los mayores de 65 años.
Coherencia Presidencial: Apoyo a la intención ya manifestada por el presidente Luis Abinader de eliminar estas restricciones.
La pelota está ahora en la cancha de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, que tendrá que corregir este error histórico en el reglamento de tránsito, que es una cuestión de justicia social.
Al elevar esta solicitud, el senador Cristóbal Castillo reafirma su compromiso con un Estado que incluya a todos, protegiendo a los adultos mayores de trámites burocráticos innecesarios que solo sirven para subrayar una desigualdad inexistente.
Hato Mayor puede estar orgulloso: tiene un representante que entiende que las leyes deben servir a las personas, y no las personas a leyes obsoletas.
