Por Manuel Antonio Vega
El inicio de los trabajos de construcción del nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en Hato Mayor ha desatado el predecible entusiasmo de las autoridades.
Con la presencia del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor «Ito» Bisonó, y el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, el Gobierno central ha vendido la obra como un hito de vanguardia y territorialidad.
Sin embargo, detrás de los planos modernos y las promesas de reinserción, late una realidad incómoda que el ciudadano de a pie conoce de memoria: en las mazmorras de las cárceles dominicanas, son muy pocos los ricos que guardan prisión.
Para la clase alta y los de cuello blanco acusados de algún delito, el sistema suele ser notablemente flexible: grilletes electrónicos, prisión domiciliaria o visitas periódicas a firmar un libro en la fiscalía.
Para el hijo de machepa, en cambio, el destino es el barro y el hacinamiento. Por eso, el anuncio de este nuevo recinto levanta una pregunta inevitable: ¿estamos construyendo un centro de verdadera reforma o simplemente ampliando la cobertura de inquilinos para los más desfavorecidos?
Las dos caras de la moneda: Delincuencia vs. Infraestructura
Existe una máxima social que no falla: mientras más cárceles se levantan en un país, más se evidencia el fracaso en contener la delincuencia en el interior.
El aumento de la infraestructura penitenciaria es el síntoma de una enfermedad que no se está curando desde la prevención, el empleo y la educación temprana.
No obstante, si el destino inevitable de muchos seguirá siendo la reclusión, la sustitución del viejo y degradante modelo carcelario por espacios más humanos es, al menos, un paso necesario.
El ministro Bisonó argumenta que la infraestructura puede ser una herramienta de dignificación y nuevas oportunidades.
En teoría, el diseño presentado por el MIVHED busca romper con el esquema tradicional de simple depósito humano.
Los detalles de la obra
Con una inversión que promete dinamizar la economía local mediante el uso de mano de obra e insumos de Hato Mayor, el proyecto cuenta con especificaciones técnicas ambiciosas:
Capacidad y terreno: El complejo se levantará sobre un solar de 59,932 metros cuadrados, con casi 14,000 metros de construcción techada para albergar a 400 internos.
Educación y cultura: Bloques equipados con aulas formativas y una biblioteca para el desarrollo intelectual.
Productividad laboral: Una nave de talleres multiusos para capacitación técnica, junto a un área agrícola y una granja (destinada a la crianza de conejos y gallinas) orientada al autoconsumo y al aprendizaje agropecuario.
Bienestar: Espacios que incluyen comedor, celdas conyugales, dos canchas de baloncesto y un área para el cuidado de perros.
Logística: 57 plazas de estacionamiento estratégicamente distribuidas y sistemas de alta ingeniería (cisternas, plantas eléctricas y aduana de control de acceso).
»Reconocemos este proyecto que mira desde lo humano a las personas que buscan reinsertarse a la sociedad», afirmó la gobernadora provincial, Maribel Simón de Reyes, secundada por el respaldo de legisladores locales como el senador Cristóbal Castillo y los diputados Carmen Ligia Barceló y Héctor Rosa.
El verdadero desafío
La construcción de este centro es una realidad física que iniciará pronto, pero el verdadero reto no es pegar blocks ni vaciar concreto. El desafío radica en que la teoría de Roberto Santana y el nuevo modelo penitenciario se aplique sin corrupción interna.
Si el Centro de Corrección y Rehabilitación de Hato Mayor se convierte en una verdadera escuela técnica y agrícola, se habrá ganado una batalla contra la reincidencia.
Pero si termina arrastrado por los vicios del viejo sistema, solo se habrá construido una jaula más bonita, espaciosa y moderna para seguir encerrando a los mismos de siempre: a los pobres.
