Por Manuel Antonio Vega
Al salir el país de la férrea dictadura de los 12 sangrientos años de Joaquín Balaguer y llegar el PRD al poder con el hacendado Antonio Guzmán Fernández, nunca se esperó que, al entrar el país en una «Democracia Participativa», se iban a cometer diabluras y hechos horripilantes y repugnantes como el asesinato del periodista Marcelino Vega Peguero, el 7 de abril de 1981 en la capital dominicana.
Marcelino Vega, columnista del vespertino La Noticia, fue abatido por agentes policiales bajo el gobierno de Antonio Guzmán mientras cubría una huelga de obreros municipales en Santo Domingo.
Más allá de la crónica del crimen, donde también pereció el canillita Ciprián Valdez, el relato rescata el perfil ético de un comunicador forjado en el idealismo social desde sus años de estudiante en el Liceo César Nicolás Penson de Hato Mayor y su militancia en el Comando Revolucionario Camilo Torres (CORECATO).
En su momento, el entonces síndico Franco Badía quiso decir que murió en un «intercambio de disparos». Esto lo hizo para encubrir denuncias que afectaban al secretario de Educación, Pedro Porrello Reynoso.
Tras décadas de impunidad, se sigue exigiendo justicia formal en contra de los responsables materiales: Melitón Jorge Balderas, Sánchez Ulloa e Hilario Márquez Liriano.
El asesinato de un periodista honesto durante el primer gobierno del PRD significó un quiebre democrático que desmontó la narrativa oficial del «intercambio de disparos».
El relato viaja desde sus orígenes como corresponsal audaz en Hato Mayor del Rey hasta su consagración en la sala de redacción de La Noticia, bajo el ala de Emilio Herasme Peña.
¿Fue un crimen de Estado?
Sí, lo fue.
A la luz de los hechos históricos, el asesinato de Marcelino Vega fue un crimen de Estado. Operó como tal debido a los siguientes elementos:
- Ejecución por agentes del orden en funciones
Un crimen común se convierte en un asunto de Estado cuando quienes aprietan el gatillo son funcionarios públicos armados por el propio Estado y actuando en el ejercicio de sus «funciones» de control social.
Marcelino Vega y el canillita Ciprián Valdez no murieron en un fuego cruzado entre bandas civiles. Fueron tiroteados por una patrulla de la Policía Nacional mientras ejercían su labor informativa en la calle Juan Erazo.
Según las denuncias históricas, la patrulla estaba integrada por el entonces coronel Melitón Jorge Balderas, el teniente Sánchez Ulloa y el cabo Hilario Márquez Liriano.
- El encubrimiento institucional y la narrativa de impunidad
Una de las características fundamentales de los crímenes de Estado es el mecanismo de protección y distorsión de la verdad desde las altas esferas del poder para evitar el costo político.
En este caso, el entonces síndico del Distrito Nacional, el Dr. Pedro A. Franco Badía, intentó imponer la tesis oficial de que el periodista había fallecido en un «intercambio de disparos» con los obreros huelguistas del ayuntamiento.
Esta narrativa buscaba criminalizar la protesta y exculpar a los agentes, quienes accionaron de la misma forma en que lo hacían en los 12 años de Balaguer.
El vespertino La Noticia venía realizando fuertes denuncias que salpicaban a figuras de la administración pública. Específicamente, acusaban al secretario de Educación de la época, Pedro Porrello Reynoso. Él había hecho un contrato considerado leonino con una empresa española para confeccionar pupitres o butacas para las escuelas, perjudicando al Estado dominicano con Miles de millones de pesos.
Silenciar al medio o amedrentar a sus reporteros beneficiaba directamente al statu quo político del momento.
- La paradoja de la transición democrática
El gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) es históricamente reconocido por haber iniciado el proceso de desmantelamiento de la estructura represiva del balaguerato.
Su gestión liberó presos políticos y permitió el regreso de los exiliados.
Sin embargo, el caso de Marcelino Vega demostró que los remanentes del aparato represivo policial y militar seguían intactos. Continuaban operando con los mismos métodos de intolerancia frente a la disidencia y la prensa libre.
Cuando el aparato judicial del Estado no procesa de manera transparente y contundente a los autores intelectuales y materiales de un atropello cometido por sus propios oficiales, permitiendo que el reclamo de justicia se extienda por más de 40 años, el Estado asume la responsabilidad por omisión y denegación de justicia.
Al ser perpetrado por la fuerza pública, motivado por la cobertura de un conflicto social que afectaba los intereses del gobierno y protegido inicialmente por una narrativa oficial de encubrimiento, el asesinato de Marcelino Vega reúne todas las condiciones para ser calificado como un crimen de Estado.
Este hecho constituye uno de los capítulos más dolorosos de la prensa dominicana en una era democrática que apenas iniciaba.
Mientras haya zonas oscuras en la historia de estos crímenes, la democracia dominicana seguirá cargando con una deuda de sangre.
El siglo XX fue de sangre y muerte para la prensa dominicana, una época donde los principios morales y ético del periodista lo obligaban a ser crítico contra la política represiva del Estado, que buscaba acallar las voces más beligerante, aquellos que no transigían ni claudicaban a los regímenes totalitarios y de ensayo democrático.
