Por Manuel Antonio Vega
En una alarmante demostración de fuerza política que deja de lado la prudencia fiscal y el debate democrático, el Congreso Nacional, dominado de forma absoluta por el oficialismo, autorizó ayer viernes al Poder Ejecutivo a asumir una nueva y millonaria deuda de US$465 millones (unos RD$27,000 millones de pesos). El Senado de la República selló el trámite express en menos de 24 horas después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio.
Sin leer los contratos y sin permitir que pasaran por el riguroso filtro de una comisión de estudio, la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados aplicaron el «fast-track» legislativo a dos nuevos empréstitos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ignorando las advertencias sobre el ritmo insostenible de la deuda pública.
El rodillo del PRM vs. la impotencia de la oposición
La sesión evidenció una vez más la preocupante anulación del contrapeso legislativo.
Los senadores del PRM consideraron que un compromiso financiero de tal magnitud no merecía ser analizado ni discutido.
Este proceder provocó el rechazo en bloque de las bancadas de la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Los legisladores opositores votaron en contra de manera unánime, denunciando el secuestro del debate parlamentario y la ligereza con la que se compromete el futuro económico del país.
Sin embargo, la aplanadora oficialista sepultó las quejas, otorgándole un nuevo cheque en blanco a la gestión del presidente Luis Abinader para seguir acudiendo a la banca internacional.
¿Justificación real o conveniencia presupuestaria?
El endeudamiento se ampara, como es costumbre, en títulos de alto contenido social para aplacar la crítica pública.
En esta ocasión, los fondos se dividen en dos partidas:
Seguridad Vial (US$200 millones): Entregados al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y al Intrant. El Gobierno justifica este gasto en la reducción de accidentes de tránsito y la intervención de puntos críticos. No obstante, sectores críticos cuestionan si realmente se necesita más deuda externa para tareas que deberían cubrirse con las recaudaciones ordinarias y una gestión eficiente de los recursos existentes.
Cuenca del Río Yuna (US$265 millones): Manejados por el Indhri bajo la promesa de mitigar inundaciones.
Si bien la vulnerabilidad de la zona es innegable, la oposición señala la falta de auditoría y fiscalización sobre el uso real de estos fondos millonarios, que terminan diluyéndose en burocracia estatal.
La alarmante realidad: El país empeña su futuro
«El gobierno nos hipoteca el futuro a paso de carga». Esta es la frase que retumba entre la ciudadanía y los analistas económicos independientes ante la frecuencia con la que el Poder Ejecutivo envía adendas y contratos de préstamo que el Congreso aprueba con los ojos cerrados.
El argumento oficialista de que son préstamos con organismos multilaterales a tasas bajas ya no convence.
La realidad matemática es que el servicio de la deuda, el dinero que los dominicanos pagan mes a mes solo en intereses y capital, ya consume una tajada asfixiante del Presupuesto General del Estado.
Cada dólar que se aprueba a vapor hoy, es un hospital menos, una escuela peor equipada o un impuesto más que recaerá sobre las costillas de la clase media y los sectores más vulnerables mañana.
Con esta nueva aprobación express, el Congreso abdica de su rol de fiscalizador y se convierte en una simple oficina de sellado de deudas, consolidando un modelo económico peligrosamente dependiente del crédito extranjero.
