Por Manuel Antonio Vega
SAN PEDRO DE MACORÍS.– La tensión se apoderó de las calles de esta Sultana del Este. Con pancartas en alto, consignas cargadas de indignación y el eco de los motores de fondo, representantes de los Derechos Humanos, agrupaciones sociales y profesionales del derecho y periodistas se lanzaron a las calles para protestar enérgicamente contra lo que definen como una ola de abusos y ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional.
El detonante de la movilización fue la trágica muerte del joven Yoel Henry Aponte, un caso que ha encendido las alarmas de la comunidad.
Según denunciaron los manifestantes, Aponte fue apresado de manera arbitraria por agentes del orden en el barrio 24 de Abril y, posteriormente, «ejecutado» en las proximidades del Palacio de Justicia por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
«Policía Nacional, una banda criminal… y este informe va a llegar al Palacio Nacional», resonaba con fuerza en el aire, una consigna que se convirtió en el lema de una marcha que sumó el apoyo espontáneo de decenas de motoconchistas y transeúntes solidarios con el dolor de la familia.
Entre consignas y gases lacrimógenos
El recorrido no estuvo exento de fricciones. Desde el inicio, un fuerte contingente de tropas policiales vigiló de cerca cada paso de la manifestación.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando un coronel —cuya identidad no fue precisada— ordenó detener la marcha momentáneamente, arengando a sus tropas en voz alta a «estar preparados para cualquier eventualidad».
A pocos metros de los manifestantes, se observó a los agentes del orden equiparse con gases pimienta y bombas lacrimógenas, listos para reprimir la protesta ante el menor indicio de alteración del orden público.
El bloqueo al Palacio de Justicia
La marcha continuó su rumbo hasta el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, el destino final donde los protestantes planeaban alzar su voz frente a los tribunales.
Sin embargo, un riguroso cerco policial les impidió el acceso de manera rotunda al recinto de impartición de justicia.
A pesar del bloqueo y de las armas disuasivas que los apuntaban, los activistas de los Derechos Humanos advirtieron que no darán marcha atrás.
Exigen una investigación profunda, la destitución de los agentes involucrados en la muerte de Yoel Henry Aponte y que el caso llegue directamente a los oídos del Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional, prometiendo nuevas movilizaciones si la impunidad vuelve a imponerse en las calles de San Pedro.
