Por Manuel Antonio Vega
Las comparaciones nunca son bien recibidas, más aún cuando se intenta contrastar a mandatarios que han dirigido los destinos del Estado en épocas y circunstancias diametralmente opuestas. A menudo, estos ejercicios tienden a ser malinterpretados. Sin embargo, las similitudes en el plano económico entre Ulises Hilarión Heureaux Lebert (Lilís) y Luis Rodolfo Abinader Corona merecen un análisis ponderado en el contexto de la historia financiera dominicana.
Mientras que el primero llegó al poder por la vía militar y gobernó en tres ocasiones (ejerciendo la política con astucia y mano de hierro hasta su asesinato en 1899), Abinader, proveniente de una influyente familia empresarial, ha ostentado el poder por la vía democrática en dos períodos consecutivos, encontrándose ya en el tramo final de su gestión que concluirá el 16 de agosto de 2028.
El colapso financiero de Lilís
La economía durante la dictadura de Lilís se caracterizó por una dependencia absoluta del endeudamiento externo y el fomento de la industria azucarera mediante concesiones desmedidas.
Para sostener su red de clientelismo, sobornos y el aparato militar, el dictador hipotecó los ingresos aduaneros con casas extranjeras como la Westendorp y la San Domingo Improvement Co.
Hacia 1897, ante la caída de los precios internacionales y con una deuda quince veces mayor que el presupuesto nacional, Heureaux recurrió a la emisión de millones de pesos en papel moneda sin respaldo, tristemente recordadas como «las papeletas de Lilís».
Esta acción desató una inflación galopante, destruyó el comercio local y sumió al país en una bancarrota total.
El descalabro financiero no solo abonó el terreno para su ajusticiamiento en Moca, sino que dejó al Estado en una vulnerabilidad tal que terminó provocando la posterior intervención estadounidense de 1916.
La economía contemporánea: El ritmo del endeudamiento
Dando un salto en el tiempo, la actual gestión macroeconómica despierta alarmas que inevitablemente evocan el fantasma del endeudamiento histórico.
Diversos analistas señalan que el país se encamina hacia un complejo callejón fiscal.
Al igual que en la época de Lilís, el Ejecutivo cuenta con el respaldo de un Congreso Nacional que opera prácticamente como un «sello gomígrafo», aprobando con celeridad contratos de préstamos internacionales para cubrir el Presupuesto General del Estado y los déficits fiscales recurrentes.
A mediados de 2026, la deuda pública consolidada de la República Dominicana alcanzó una cifra histórica de US$84,627.3 millones, distribuida de la siguiente manera:
Sector Público No Financiero (SPNF): US$67,995.5 millones (aproximadamente un 48.3% del PIB).
Banco Central (BCRD): US$16,631.7 millones.
El ritmo de este financiamiento convierte a la presente administración en una de las que más compromisos financieros ha asumido en menor tiempo.
La crítica ciudadana se intensifica al constatar que este flujo de capitales no se traduce proporcionalmente en inversión pública tangible; un recorrido por la geografía nacional evidencia que numerosas obras de infraestructura heredadas de gestiones anteriores permanecen inconclusas, a pesar de que múltiples empréstitos fueron justificados para su terminación.
El descontento social y las libertades del siglo XXI
El parangón entre ambos períodos no se limita a las finanzas.
En el ámbito de las libertades públicas, se perciben tensiones preocupantes.
Mientras que Lilís impuso la censura absoluta, hoy se observa con recelo el impulso de iniciativas legislativas restrictivas, catalogadas por la opinión pública como «Leyes Mordaza», que amenazan con penalizar la disidencia y coartar la libertad de expresión.
La respuesta de la población ante el ahogo económico y las reformas fiscales no se ha hecho esperar.
Siguiendo tendencias globales de protesta civil, las calles y los balcones han vuelto a resonar con los «cacerolazos», convocados de manera orgánica a través de unas redes sociales que el propio gobierno ha pretendido gravar con nuevos impuestos.
A este malestar económico se suma la preocupación por la seguridad ciudadana.
La tan promocionada reforma policial es percibida por sectores civiles no como una solución, sino como un paliativo ineficaz ante denuncias de excesos policiales y supuestos intercambios de disparos que siguen cobrando vidas de jóvenes en las barriadas.
Salvando las distancias de los siglos, la lección de la historia es clara: el endeudamiento descontrolado y la desconexión con las realidades del pueblo suelen ser recetas para la inestabilidad.
Ayer fueron las «papeletas de Lilís»; hoy es una abultada deuda consolidada que compromete a las futuras generaciones.
Corresponde a los hacedores de políticas públicas mirar el espejo del pasado antes de que la economía nacional llegue, una vez más, a un punto de no retorno.
