Por Manuel Antonio Vega
La publicación de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2025) ha vuelto a escenificar en la República Dominicana el habitual baile de máscaras entre la autocomplacencia oficial y el gatopardismo sindical. Tras la difusión de los datos, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se apresuró a emitir un comunicado llamando a evitar el «tremendismo» y a valorar un «ligero avance» en el desempeño nacional. Sin embargo, detrás de este llamado a la moderación retórica se esconde una realidad descarnada: el sistema educativo dominicano sigue instalado en el subsuelo de la clasificación global, atrapado en una pinza mortal entre un sindicato que prioriza el chantaje laboral y una evaluación internacional que reduce el conocimiento a una métrica de productividad empresarial.
Para responder con honestidad a la pregunta de si realmente se ha avanzado en educación en la República Dominicana, es necesario desmantelar el triunfalismo gubernamental que celebra décimas de mejora como si se tratara de una revolución educativa.
Desde la conquista histórica del 4% del PIB para la educación, el país ha invertido miles de millones de pesos en infraestructura, dispositivos electrónicos y salarios.
Los resultados, no obstante, demuestran que el dinero no compra aprendizaje si la estructura está podrida.
Celebrar que el país avanza «ligeramente» cuando la inmensa mayoría de los jóvenes de 15 años es incapaz de comprender un texto complejo o resolver un razonamiento lógico elemental no es optimismo; es una estafa social y un ejercicio de conformismo político irresponsable.
El papel de la ADP en este escenario roza el cinismo institucional.
Durante décadas, el gremio ha utilizado el derecho a la educación de los niños dominicanos como moneda de cambio en sus negociaciones salariales, paralizando la docencia por prebendas corporativas y oponiéndose sistemáticamente a cualquier sistema serio de evaluación del desempeño docente.
Resulta paradójico que ahora el sindicato exija «más inversión y revisar los programas educativos» mientras históricamente ha blindado la mediocridad en las aulas, impidiendo que los maestros más aptos sean premiados y que los incapacitados sean removidos.
El discurso de la ADP busca diluir la responsabilidad del magisterio en las carencias del sistema, utilizando el argumento de la falta de recursos como una cortina de humo eterna para justificar un ausentismo y una falta de preparación que condenan a la educación pública.
Por otro lado, la propia prueba PISA merece una crítica profunda y libre de la sumisión colonial con la que suele ser recibida.
Este examen, diseñado por la OCDE, un club de economías ricas, no evalúa la educación desde una perspectiva humanista ni atiende a los contextos socioeconómicos de las naciones en desarrollo.
PISA mide la capacidad de los estudiantes para convertirse en mano de obra eficiente dentro del engranaje del capitalismo globalizado.
Al imponer un estándar estandarizado e hipertecnológico, la prueba empuja a los ministerios de educación a diseñar currículos orientados exclusivamente a pasar el examen, destruyendo el pensamiento crítico, la memoria histórica y la apreciación artística en favor de competencias puramente utilitarias.
La obsesión por cumplir con las exigencias de la OCDE ha llevado a la República Dominicana a cometer el error de confundir la modernización con la entrega masiva e irresponsable de pantallas y tabletas.
La evidencia de PISA 2025 expone una correlación brutal: la hiperconectividad y el abuso de la tecnología en las aulas actúan como potentes distractores que fragmentan la atención y destruyen la capacidad de concentración.
El colapso cognitivo actual no se soluciona con más pizarras digitales ni con aplicaciones de inteligencia artificial que sustituyen el esfuerzo intelectual del alumno.
Se soluciona regresando a los fundamentos básicos que la burocracia educativa ha despreciado en nombre de la vanguardia pedagógica.
La República Dominicana no ha avanzado de manera sustancial en educación; ha aumentado su gasto, que es una cosa muy distinta.
El verdadero progreso no se mide en el porcentaje de escuelas pintadas ni en la cantidad de computadoras entregadas, sino en la autonomía intelectual de sus ciudadanos.
Para revertir el declive estructural, el país debe librar una doble batalla cultural: rescatar las aulas del secuestro político y las huelgas irracionales de la ADP, y liberarse de la tiranía de las evaluaciones tecnocráticas extranjeras que deshumanizan el aprendizaje.
Es urgente apagar las pantallas, devolver la dignidad al libro de texto impreso y exigir rigor, tanto al estudiante en su estudio como al maestro en su formación.
Cualquier otra vía seguirá produciendo analfabetos funcionales con títulos escolares e hipotecando el futuro de la nación.
