Por Manuel Antonio Vega
Un fenómeno contradictorio y desgarrador se vive desde hace años en la República Dominicana en torno a la reforma agraria y la titulación de tierras: el de los campesinos que son dueños en los papeles, pero siguen siendo ajenos en sus propios surcos. Es la paradoja del «certificado verde»: un documento oficial que promete un futuro próspero, pero que termina guardado en un cajón porque la tierra prometida nunca les fue entregada físicamente. Es el drama del campesino en la región Este
Esta realidad golpea con fuerza a cientos de familias en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata (incluyendo Bayaguana, Sabana de la Mar, El Valle, Miches) y San Pedro de Macorís.
En comunidades como Mata de Palma, en El Seibo, la esperanza se encendió en octubre de 2019 cuando el entonces presidente Danilo Medina encabezó un acto masivo para entregar 3,186 certificados de títulos a parceleros de tres asentamientos agrarios.
Se trataba de un beneficio directo para 2,681 familias, más de 10,700 personas, que por más de tres décadas esperaron la seguridad jurídica de sus tierras.
El Estado invirtió millones en este proceso para ahorrarles a los productores un costo privado que jamás habrían podido costear.
Sin embargo, el destino jugó en contra. Poco después del traspaso de mando institucional, la llegada de la pandemia del COVID-19 paralizó los procesos de distribución física.
Luego, las habituales trabas burocráticas y el celo político que cíclicamente resurgen con los cambios de gobierno terminaron por sepultar la continuidad del proyecto.
La paradoja es doble y cruel: por un lado, en el mismo Seibo hay cerca de mil productores que trabajan la tierra pero no tienen el título para acceder a créditos formales en el Banco Agrícola; por el otro, están los que portan el título provisional pero no pueden sembrar porque no les han asignado sus parcelas.
Las tierras destinadas a la producción de aguacate, chinola, plátano, yuca y ganadería están ahí, pero permanecen ociosas o fuera del alcance de sus legítimos dueños.
La continuidad del Estado no puede ser un asunto de banderas ni de simpatías partidarias; es una obligación institucional y moral.
El gobierno del presidente Luis Abinader tiene hoy la oportunidad histórica de destrabar este nudo legal y logístico.
Es imperioso que, de manera transparente y libre de marañas políticas, se ordene la entrega física de los terrenos a cada parcelero que demuestre ser portador de su título.
Hacerlo no solo reactivará la economía agrícola de la región Este, sino que hará justicia social.
Es hora de pasar de las promesas de papel a la realidad del campo, garantizando que el sudor del campesino dominicano por fin caiga sobre tierra propia.
