Por Manuel Antonio Vega
La reciente iniciativa legislativa sometida por el senador por Hato Mayor, Cristóbal Castillo Liriano, para regular la supervisión, instalación y mantenimiento de los juegos mecánicos en el país, representa una respuesta institucional oportuna y urgente ante una problemática que, lamentablemente, costó la vida de una menor de edad en su provincia.
Un vacío normativo que costó una vida
El trágico accidente del pasado 18 de septiembre de 2026 puso al descubierto la alarmante falta de controles estandarizados en las ferias y parques de atracciones que operan en el territorio nacional.
Históricamente, el funcionamiento de estas estructuras ha dependido más de la costumbre y la improvisación que de protocolos técnicos rigurosos.
La propuesta del senador Castillo ataca la raíz del problema al exigir que la antigüedad o la tradición de un negocio no sean un cheque en blanco para operar sin fiscalización.
Puntos clave de la propuesta
Eestuve analizando la pieza y en verdad el proyecto de ley destaca por su enfoque integral y preventivo, estructurándose en tres pilares fundamentales:
Inspecciones en dos fases: Obliga a una revisión técnica antes del montaje (estructuras, soldaduras, sistemas eléctricos) y a una segunda inspección con pruebas de carga antes de abrir al público.
También certificación y bitácoras: Introduce el Certificado Técnico de Seguridad Operativa y la obligatoriedad de llevar registros diarios de mantenimiento.
Garantías y sanciones: Propone la creación de un registro nacional, la contratación obligatoria de pólizas de seguro y sanciones severas, como multas y clausura, para quienes incumplan la norma.
Coordinación institucional contra la improvisación
Uno de los mayores aciertos de la pieza es la articulación de responsabilidades entre múltiples órganos del Estado, incluyendo al Ministerio de Interior y Policía, los ayuntamientos, los cuerpos de bomberos, Pro Consumidor, el INDOCAL y la Defensa Civil. Legislar para unir estos esfuerzos es indispensable para que las inspecciones no se conviertan en simple burocracia, sino en un blindaje real para los ciudadanos.
La recreación y el esparcimiento son derechos de las familias dominicanas, pero nunca a costa de su integridad física.
El Senado de la República tiene en sus manos la oportunidad de respaldar este proyecto y transformarlo en ley, cerrando las puertas a la negligencia y garantizando que la diversión popular no vuelva a teñirse de luto.
