Por Manuel Antonio Vega
En la historia política contemporánea de la República Dominicana, caracterizada por un pragmatismo exacerbado y la preminencia del interés individual sobre el colectivo, pocas veces se ha logrado cohesionar un bloque opositor o gobernante verdaderamente transformador. Desde las raíces de nuestra vida institucional democrática hasta los tiempos más recientes, las fuerzas políticas del país han hecho de las alianzas partidarias una herramienta estratégica de conveniencia personal para sus cúpulas directivas, postergando de forma reiterada las verdaderas conquistas sociales que deberían redundar en el desarrollo integral y el bienestar de toda la ciudadanía.
Lejos de constituir mecanismos de avance estructural o plataformas de reformas sustantivas, los múltiples intentos de unificación y los bloques opositores gestados a lo largo de las últimas décadas han respondido casi invariablemente al viejo y pernicioso lema de «quítate tú pa’ ponerme yo».
Mientras las cúpulas partidarias negocian parcelas del Estado y se suceden administraciones que profundizan el despilfarro sin una genuina conciencia social, los problemas neurálgicos de la nación, tales como la calidad del gasto público, la deficiencia en los servicios esenciales y la debilidad institucional, persisten, se agravan y castigan de manera inclemente a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.
Un historial de proyectos frustrados, concertaciones electorales y pragmatismo estéril
Al repasar el devenir político dominicano de los siglos XX y XXI, resulta evidente cómo las grandes concertaciones partidarias han priorizado la repartición del pastel gubernamental por encima de una agenda nacional unificada.
Entre los primeros experimentos de gran calado se recuerda el Bloque de la Dignidad Nacional, articulado en 1974 e impulsado por el profesor Juan Bosch al frente del recién fundado Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Con apenas un año de creación, el PLD procuró aglutinar a diversas fuerzas de izquierda para frenar las pretensiones reeleccionistas del entonces presidente Joaquín Balaguer Ricardo.
Sin embargo, aquel proyecto nació prácticamente muerto y se disolvió en cuestión de semanas debido a insalvables discrepancias ideológicas y visiones encontradas, tragándose el sueño de unidad de Bosch.
Un destino distinto, aunque cargado de profundas implicaciones posteriores, tuvo el Acuerdo de Santiago (1974). Articulado por el liderazgo de José Francisco Peña Gómez al frente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) e integrado por una heterogénea coalición social y política (que incluyó al PQD, PRSC, MIDA, ASD y el MPD), esta plataforma llevó a Antonio Guzmán a la candidatura presidencial y logró resquebrajar el control del régimen balaguerista en los comicios de 1978.
Se trató del movimiento político opositor de mayor trascendencia en el siglo XX dominicano, en la medida en que permitió abrir formalmente las compuertas hacia la democratización y la libertad política en el país.
Sin embargo, el proceso de apertura democrática posterior derivó gradualmente hacia un pragmatismo electoral utilitario.
En el año 2006 surgió la denominada Alianza Nacional, una serie de acuerdos electorales para el nivel legislativo y municipal teñida por la convergencia del PRD con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y otras organizaciones opositoras. El propósito central era restar hegemonía y desplazar del poder a Leonel Fernández Reyna, quien irónicamente había alcanzado la presidencia en 1996 gracias al célebre Frente Patriótico impulsado por Joaquín Balaguer, cuyo principal objetivo implícito fue cerrar el paso a Peña Gómez hacia el solio presidencial.
En los torneos electorales más recientes, incluyendo los ciclos de 2016, 2018 y las concertaciones para las elecciones de 2024, se han articulado bloques y frentes que integraron a fuerzas mayoritarias y minoritarias como la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y agrupaciones aliadas.
Aunque públicamente se justifican bajo la consigna de la fiscalización institucional, la defensa de la transparencia y el contrapeso al partido oficialista, el trasfondo operativo de estos bloques no ha dejado de gravitar alrededor de la garantía de cuotas de poder, puestos directivos y la distribución de candidaturas clave.
Ha sido dramático el daño profundo y sistémico de las alianzas en la sociedad dominicana, la que debe registrar un giro para solucionar los males que acogotan la nación dominicana.
El análisis crítico de esta dinámica histórica evidencia que las alianzas de partidos en la República Dominicana han provocado un perjuicio severo, continuo y estructural a la sociedad.
Lejos de haber servido como canal para la resolución de las carencias sociales, se han consolidado como vehículos de descomposición ética y debilitamiento democrático.
Fragmentación interna
Las concertaciones coyunturales han estado plagadas de desconfianza mutua, traiciones y maniobras soterradas.
Un ejemplo palmario y manifiesto fue la salida de Leonel Fernández del PLD, un evento que fracturó el dinamismo opositor y facilitó el ascenso y la consolidación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder bajo el liderazgo de Luis Abinader Corona.
De igual forma, en la víspera del torneo electoral de 2024, mientras se anunciaban diálogos para frenar al partido de gobierno, sectores internos prefirieron pactar alianzas parciales o entorpecer los acuerdos para evitar el resurgimiento de liderazgos rivales.
Esta incoherencia ha anulado la capacidad de la oposición para actuar como un contrapeso verdadero, dejando a la sociedad sin una fiscalización efectiva.
Proliferación del parasitismo político y las «partidos garrapata»
El efecto secundario más destructivo de este modelo ha sido la degradación de los partidos de tradición en meras organizaciones «bisagra». Partidos que marcaron hitos en la política dominicana del siglo XX, como el PRD y el PRSC, junto a otras agrupaciones como el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han operado por más de dos décadas al margen de propuestas doctrinarias genuinas.
Se han transformado en entes que sobreviven adosados al partido que encabeza las encuestas, actuando como verdaderas «garrapatas políticas» cuyo único fin es succionar el presupuesto nacional a través del nombramiento de sus dirigentes en altos cargos públicos.
Con esto solo se ha logrado un impulso a la corrupción y degradación de la representación, al ser diseñadas como acuerdos de distribución presupuestaria y empleos, estas coaliciones alimentan la galopante red de clientelismo que rodea al Palacio Nacional.
Se desplaza a la meritocracia para dar paso a compromisos de campaña, degradando la efectividad de las instituciones públicas y normalizando la idea de que la política no es un servicio a la nación, sino una vía rápida para la acumulación personal.
Es en esencia, un ciclo interminable que frena el desarrollo nacional.
En conclusión, el balance de las alianzas partidarias en la República Dominicana es contundentemente negativo para la ciudadanía.
Salvo excepciones puntuales orientadas a la restitución de libertades básicas en momentos de autoritarismo, la mayoría de estas concertaciones no han sido más que transacciones comerciales en el mercado político.
Mientas los partidos minoritarios y las cúpulas mayoritarias continúan negociando el pastel estatal comicio tras comicio, las grandes necesidades sociales del pueblo dominicano permanecen postergadas.
La práctica de consolidar bloques únicamente para alcanzar el poder sin un compromiso programático ético ha terminado por minar la fe en las instituciones democráticas, dejando a la sociedad atrapada en un ciclo de frustración, clientelismo y desgobierno







