Por Manuel Antonio Vega
La historia del Caribe y de América Latina está profundamente marcada por las cicatrices del intervencionismo extranjero. Cada vez que una potencia o una fuerza externa ha desembarcado en suelo haitiano con la promesa de restaurar el orden, el resultado a largo plazo ha sido la profundización del caos, la fractura del tejido social y el desmantelamiento de la soberanía nacional. El reciente despliegue y las operaciones a gran escala de las tropas salvadoreñas en la llanura de Cul-de-Sac, bajo el amparo de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele, no representan una solución genuina a la sangrienta crisis que atraviesa Haití, sino una incursión militar peligrosa, contraproducente y cargada de intereses ajenos a las verdaderas necesidades del pueblo haitiano.
Autoritarismo exportado y el uso de Haití como capital político
No se puede analizar la presencia del ejército salvadoreño en Puerto Príncipe de manera aislada a la dinámica política interna de El Salvador.
Nayib Bukele ha construido su narrativa global a través de un modelo de seguridad altamente importante publicitado y fuertemente criticado por organismos de derechos humanos por sus abusos sistemáticos y la erosión de las garantías constitucionales.
La intervención en Haití responde, en gran medida, a la necesidad de exportar este «modelo» para consolidar capital político internacional y proyectar la imagen de una potencia regional capaz de resolver los problemas que las fuerzas multilaterales no han podido atajar.
La crisis humanitaria y de gobernabilidad haitiana ha sido reducida a un escenario cinematográfico para el consumo de titulares y redes sociales.
El despliegue de vehículos blindados en sectores como Santo, Carrefour Shada y Croix-des-Missions busca enviar un mensaje publicitario: la fuerza bruta como única respuesta.
Sin embargo, administrar un Estado de derecho en transición o sofocar la violencia estructural de un país devastado por siglos de saqueo colonial e inestabilidad no se logra implantando un régimen de excepción extranjero.
Convertir el drama haitiano en un activo electoral exterior es una falta de respeto a las víctimas de la violencia en la isla y una distorsión flagrante de la diplomacia regional.
La trampa militarista
El avance de tropas armadas con fusiles de asalto en la llanura de Cul-de-Sac contra bandas como 400 Mawozo o Chen Mechan ignora las raíces profundas del fenómeno de las pandillas en Haití.
Las bandas armadas no nacieron en un vacío ni se sostienen únicamente por el poder de sus armas; son el síntoma directo de un Estado colapsado, de la falta absoluta de oportunidades económicas, de la corrupción de las élites políticas tradicionales y del tráfico ilegal de armas provenientes, en su gran mayoría, del exterior.
Pretender «desmantelar» estas estructuras exclusivamente mediante bombardeos, incursiones blindadas y enfrentamientos directos en zonas densamente pobladas genera un costo humano inaceptable.
Las incursiones militares en barrios vulnerables conllevan inevitablemente bajas civiles, desplazamiento forzado y la destrucción de la golpeada infraestructura local.
Como ha quedado demostrado en los combates en Croix-des-Missions, la escalada de la violencia militarizada a menudo empuja a las bandas a consolidar alianzas, como la coalición Viv Ansanm, y a utilizar a la población civil como escudo humano o fuerza de protesta forzada.
La violencia genera más violencia, y la entrada de un actor militar extranjero intensifica la espiral bélica sin ofrecer un plan de reconstrucción institucional o social a largo plazo.
La violación de la soberanía y el rechazo histórico a la tutela extranjera
Haití es la primera república negra independiente del mundo, emancipada tras una revolución histórica contra la esclavitud y el colonialismo.
La dignidad nacional haitiana ha sido pisoteada reiteradamente por ocupaciones estadounidenses, misiones de paz de la ONU con balances nefastos, como el brote de cólera introducido por la MINUSTAH o los escándalos de explotación sexual, y tutelas financieras internacionales.
La incursión militar salvadoreña se suma a esta larga lista de intervenciones que tratan a Haití como un territorio sin ley susceptible de ser intervenido sin rendición de cuentas.
La verdadera legitimidad para la pacificación de un país solo puede emanar de sus propias instituciones y de su sociedad civil.
Aunque la Policía Nacional de Haití (PNH) enfrente severas limitaciones, la solución pasa por el fortalecimiento de las capacidades locales, la reforma del sistema judicial y el apoyo técnico respetuoso, no por la subordinación a contingentes militares extranjeros que responden a mandos e intereses foráneos.
La percepción popular de estas misiones como una «invasión» no hace más que alimentar el resentimiento antiextranjero y deslegitimar a las propias autoridades locales que se apoyan en tropas externas para mantener un control precario.
La urgencia de un diálogo político genuino y el papel de la diplomacia neutral
Incluso en los escenarios de conflicto más complejos, la paz duradera nunca se ha alcanzado únicamente por la vía del exterminio militar.
El restablecimiento de la seguridad en Haití requiere de manera impostergable un acuerdo político inclusivo que permita la reconstrucción del aparato estatal y el desarrollo de instituciones transparentes.
Las iniciativas que abogan por comisiones de paz neutrales, facilitadas por organismos internacionales legítimos sin agendas geopolíticas particulares, representan un camino infinitamente más viable que la confrontación militar abierta promovida por la incursión salvadoreña.
Se necesita un espacio donde la sociedad civil haitiana, los sectores productivos, las organizaciones comunitarias y los actores políticos puedan diseñar una hoja de ruta democrática.
El uso de la fuerza debe ser un instrumento subsidiario de contención policial bajo estricto control civil haitiano, no una campaña de ocupación militarizada encabezada por gobiernos extranjeros en busca de prestigio personal.
La incursión de las fuerzas militares salvadoreñas en Haití no es el remedio que la nación caribeña requiere para salir de su noche oscura; es la repetición de una fórmula desgastada que antepone el titular efectista al bienestar real de la población.
La instrumentalización política de la crisis haitiana por parte de liderazgos externos, sumada al costo social de la violencia militarizada en los barrios de Puerto Príncipe, solo profundiza la inestabilidad y posterga la verdadera solución.
Haití no necesita más botas extranjeras marcando el paso en sus calles; necesita respeto a su soberanía, solidaridad internacional genuina en materia de desarrollo e inversión social, y el espacio soberano indispensable para que el propio pueblo haitiano forje su destino en paz.
Una incursión externa a Haití debe ser vista en el futuro como una invasión a los pueblos vecinos, que aunque no están nde acuerdo con las bandas, ven como se deteriora cada día más la soberanía de los países en América.
