Buenos días.
VISIÓN PROPIA/RICARDO VEGA
La justicia no se imparte a balazos
Tendremos que de nuevo defender lo obvio. Pretender erradicar la delincuencia a balazos es tan inútil como intentar secar un río a cubos.
¿Cómo es posible la normalización de la muerte como método de pacificación ciudadana en pleno siglo XXI?
No hablamos de una sociedad tribal y mucho menos de las sangrientas campañas del Imperio Mongol. Hablamos de un Estado de derecho.
Datos publicados revelan que el bimestre posterior a la llegada del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García a la dirección de la Policía Nacional ha dejado más de 100 muertes en supuestas «acciones legales».
La acumulación de siete decesos en un solo fin de semana en comunidades como Santiago, La Vega y Moca, lejos de interpretarse como una victoria contra el crimen, debe leerse como el síntoma inequívoco de un sistema de seguridad pública deficiente.
El argumento institucional se repite con una monotonía desgarradora. Se afirma, de forma sistemática, que los caídos eran reconocidos delincuentes y que los agentes se limitaron a repeler ataques armados.
Esta justificación presupone un peligroso consenso social; uno que parece dispuesto a sacrificar las garantías constitucionales a cambio de una falsa percepción de orden.
A medida que la figura del «intercambio de disparos» —ese eufemismo histórico de la violencia policial— se normaliza, los uniformados se atribuyen una patente de corso para ejercer la pena de muerte de facto.
Se trata de una sanción expresamente prohibida por nuestra Constitución y en cualquier otra carta magna soberana.
Cuando un operativo culmina con sospechosos abatidos y las circunstancias específicas se difuminan por la falta de transparencia, se debilita y vulnera el debido proceso.
Es preciso reiterarlo cuantas veces sea necesario: el rol del cuerpo del orden es someter a los infractores ante el Ministerio Público para que un tribunal dictamine su culpabilidad o inocencia.
No es su función convertirse en juez, jurado y ejecutor en el asfalto. Cuando esto ocurre, la frontera entre la autoridad legal y el crimen organizado se vuelve invisible.
Las demandas de los colectivos de derechos humanos y de los juristas especializados no buscan desarmar al Estado ni defender la criminalidad. Es un asunto de proteger la esencia misma de nuestra frágil democracia. El combate a la delincuencia debe realizarse con las herramientas de la ley, no con los métodos de la barbarie.
Aunque las estadísticas oficiales registren una baja en la tasa de homicidios, el costo social de una paz edificada sobre ejecuciones dudosas es insostenible a largo plazo.
Una policía moderna e institucionalmente sana no mide su éxito en función del número de bajas, sino en su capacidad para desarticular el crimen respetando la vida.
Bajo estas aberraciones, ¿de qué sirve mantener un sistema judicial?
La cacería debe detenerse antes de que el propio Estado termine por devorar las libertades que juró proteger.
Noviembre 3, 2026
