Por Manuel Antonio Vega
El dominicano, como rasgo harto conocido de su idiosincrasia urbana y rural, suele coexistir en un idilio permanente con el tiempo: lo posterga todo. Existe una especie de morosidad culturalmente naturalizada que nos lleva a dejar para última hora la solución de los asuntos más vitales de la cotidianidad. Posponemos el pago del agua, la factura de la luz, el trámite del pasaporte y, con frecuencia, hasta la logística doméstica más elemental como lavar la camisa que habremos de ponernos mañana temprano para ir a trabajar. Vivimos al borde del aplazamiento. Sin embargo, hay plazos institucionales que no admiten la flexibilidad de nuestras costumbres; y cuando la ley fija un límite, la procrastinación deja de ser un folclorismo pintoresco para convertirse en un riesgo civil de altas proporciones.
El reciente llamado de atención efectuado por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, ha resonado con la fuerza de una alarma social.
La advertencia es tajante: aquellos ciudadanos que no procedan a renovar su Cédula de Identidad y Electoral en el período correspondiente corren el grave riesgo de quedar inhabilitados para realizar las operaciones más indispensables de la vida en sociedad.
No se trata de un capricho burocrático ni de un ejercicio de coacción estatal; es la aplicación estricta de las normas que garantizan la certeza jurídica en un Estado Social y Democrático de Derecho.
El presidente del órgano comicial ha sido categórico y directo al dirigirse a los morosos: «¡No se conviertan en inhabilitados civiles!».
Las consecuencias de ignorar este proceso trascienden la simple molestia de hacer una fila a última hora.
El magistrado Jáquez Liranzo ha recordado que el ciudadano que no posea su plástico actualizado enfrentará serias trabas para abrir o movilizar cuentas bancarias, no podrá firmar contratos de trabajo, verá obstaculizado el cobro de sus salarios e incluso se le dificultará la obtención de un nuevo empleo.
En sentido figurado, pero con consecuencias sumamente reales, la falta del documento vigente equivale a una suerte de «muerte civil» temporal.
A partir del 31 de marzo de 2027, el formato anterior de la cédula perderá toda vigencia para trámites legales, administrativos y oficiales.
Aunque la fecha parezca distante en el calendario, el llamado institucional invita a desmantelar esa mala costumbre dominicana de esperar el penúltimo día.
La JCE se encuentra inmersa en la titánica tarea de proyectar la entrega de aproximadamente nueve millones de plásticos, una logística compleja que abarca la configuración del padrón electoral y que demanda la colaboración fluida del ciudadano para no colapsar los centros en los meses finales.
Para ello, se han desplegado 204 centros de cedulación a lo largo del territorio nacional y 27 oficinas de atención situadas estratégicamente en el exterior.
La infraestructura está servida; lo que falta es la puntualidad de la ciudadanía.
Más que un plástico: seguridad, tecnología y soberanía imborrable
Para comprender la magnitud de este esfuerzo y la sinrazón de la morosidad ciudadana, hay que mirar el trasfondo del proceso.
Al abordar la renovación de la cédula, Jáquez Liranzo lo definió con acierto como uno de los proyectos de transformación institucional y tecnológica más ambiciosos y trascendentes de los últimos años en la República Dominicana.
Este proceso no fue concebido como un simple cambio estético de tarjeta, sino como una reingeniería orientada a fortalecer la seguridad documental, la autenticación biométrica y la confiabilidad integral de los datos de cada habitante.
El nuevo documento cuenta con más de 100 medidas de seguridad distribuidas en tres niveles estrictos de verificación. Incorpora materiales de altísima durabilidad y resistencia, tecnología avanzada de personalización y un chip criptográfico que refuerza sustancialmente los mecanismos de autenticación personal, garantizando a su vez la privacidad del ciudadano al carecer por completo de funciones de geolocalización o rastreo.
Este salto cualitativo no ha pasado desapercibido fuera de nuestras fronteras.
La cédula dominicana fue galardonada recientemente como el mejor documento de identidad de Latinoamérica durante una cumbre internacional celebrada en Guatemala, una distinción que posiciona al país como un referente de vanguardia en soberanía documental y gestión biométrica.
No obstante, la fortaleza del sistema no descansa de forma exclusiva en sus chips ni en sus policarbonatos.
La fiabilidad del documento proviene de un riguroso trabajo de orfebrería jurídica y técnica donde intervienen de forma coordinada la Dirección Nacional del Registro del Estado Civil y la Dirección Nacional del Registro Electoral.
El procedimiento exige la verificación cruzada de actas de nacimiento, exhaustivos controles de calidad, revisión de modificaciones de datos solicitadas por los usuarios y la constante confrontación biométrica de huellas dactilares y rasgos faciales.
Como bien señaló el magistrado: «No se trata simplemente de sustituir un plástico por otro. Se trata de garantizar que detrás de cada cédula exista una identidad legítima, única y debidamente respaldada por el Registro Civil».
La custodia de la memoria civil de la Nación es una responsabilidad de proporciones históricas.
La JCE no solo emite carnés; salvaguarda el archivo vital de los dominicanos desde el nacimiento hasta la defunción.
Un entramado de 175 oficialías del Estado Civil y 69 delegaciones hospitalarias operan como guardianes de esta información.
La institución conserva en sus servidores más de 17 millones de registros digitalizados, de los cuales más de 13 millones corresponden exclusivamente a nacimientos, albergando tesoros documentales como el acta de nacimiento de Leopoldo Durán Ramos, fechada el 2 de octubre de 1828, la más antigua conservada en los archivos nacionales.
Hace falta que los morosos despierten a tiempo y sepan que sino cuentan con el plástico no podrán cobrar su sueldo, buscar empleos o realizar cualquier otras transacción comercial, así como solicitar visas para viajar.
