Por Manuel Antonio Vega
A seis años de haber arribado al Poder Ejecutivo y con dos años aún por delante en la gestión de gobierno, las alarmas de la disciplina interna han comenzado a encenderse en el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Lo que hasta hace muy poco tiempo constituía un bloque férreo, caracterizado por una prudente cohesión política y un manejo hermético de sus discrepancias, hoy muestra grietas visibles en la opinión pública. El progresivo relajamiento en la disciplina partidaria evoca, de manera inevitable, los fantasmas del viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuya historia de luchas encarnizadas y fraccionamientos sucesivos sirve hoy como un espejo en el que la dirigencia perremeísta preferiría no mirarse.
Desde su fundación, el eje doctrinal estratégico del PRM consistió precisamente en distanciarse del estilo destructivo del PRD.
La promesa fundacional era no repetir los desaciertos del pasado, cuando los egos inflados, las descalificaciones mutuas y las pugnas despiadadas por la candidatura presidencial terminaban desgastando el capital político de la organización hasta sacarla del poder.
Sin embargo, la inminencia de la sucesión presidencial y la imposibilidad constitucional de reelección del presidente Luis Abinader han desatado una carrera anticipada que amenaza con erosión de adentro hacia afuera.
La lucha proselitista actual no se restringe al entusiasmo propio de las candidaturas; se ha trasladado al cuestionamiento público del desempeño de altos funcionarios, a la invalidación mutua entre figuras emblemáticas de la organización y a desacuerdos estridentes entre legisladores de la misma bancada oficialista.
Choque de liderazgos y denuncias de juego sucio
El panorama de fricciones internas sumó esta semana un hito revelador tras una controversia originada por un proceso de licitación pública. La contratación para adquirir insumos destinados a la preparación de habichuelas con dulce por un monto inicial de RD$630 millones fue el detonante para que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, expresara abiertamente sus inconformidades con el accionar de ciertos funcionarios del propio Gobierno.
Peña, quien confirmó sus aspiraciones a la candidatura presidencial, defendió la cancelación del proceso licitatorio argumentando que la coyuntura económica del país exige austeridad: «Escuchamos y reculamos cuando hay que recular», afirmó durante una entrevista televisiva.
La vicemandataria no se limitó a criticar la falta de sintonía en el gasto público, sino que fue tajante al señalar que algunos funcionarios están «desafinando» y deberían dejar de lado la politiquería para concentrarse en culminar eficientemente la presente gestión.
Más aún, denunció ser blanco de una campaña «sucia, despiadada y grosera», sugiriendo que el origen de estos ataques proviene del interior de la propia parcela oficialista.
La réplica a sus declaraciones no tardó en llegar desde la cúspide moral del partido.
Milagros Ortiz Bosch, segunda vicepresidenta del PRM y directora general de Ética e Integridad Gubernamental, sostuvo públicamente que la vicepresidenta requiere adquirir mayor experiencia política para aspirar al máximo cargo del Estado.
Lejos de apaciguar las aguas, la observación de Ortiz Bosch encendió el debate interno.
Diputadas como Soraya Suárez salieron en rápida defensa de Raquel Peña, recordando sus seis años al frente de la vicepresidencia y su coordinación de gabinetes clave.
Suárez cuestionó la falta de empatía y sororidad en las declaraciones de Ortiz Bosch y sugirió que la prioridad debió ser investigar la gravedad de la denuncia sobre la campaña sucia.
La controversia cobró mayor vigor al sumar el respaldo tácito de la primera dama, Raquel Arbaje, mientras voces experimentadas como la senadora Ginette Bournigal procuraban llamar a la cordura institucional.
Rupturas en el Congreso
Hay una evidente fragmentación cuando entre bomberos se pisan la manguera
Las tensiones en el partido oficialista no se limitan a la cúpula ejecutiva o a las aspiraciones presidenciales; se manifiestan con igual fuerza en el Poder Legislativo, donde el PRM ostenta una cómoda mayoría que empieza a lucir fragmentada en temas sensibles.
El desencuentro más reciente lo protagonizó la diputada del Distrito Nacional, Maribel Almánzar, quien introdujo un proyecto de ley dirigido a resolver la situación documental de personas que no podían renovar sus cédulas por cuestionamientos sobre su nacionalidad.
La pieza contemplaba otorgar un documento especial de identidad sin derecho al voto tras agotar un debido proceso de investigación.
Aunque inicialmente el proyecto contó con las firmas de varios compañeros de bancada, la reacción de la opinión pública frente al tema de la nacionalidad provocó un repliegue táctico de la dirección del PRM.
El vicepresidente ejecutivo del partido, Deligne Ascención, anunció el rechazo tajante de la Dirección Ejecutiva a la pieza legislativa, solicitando su retiro bajo el argumento de que es una atribución de la Junta Central Electoral (JCE).
Ante la presión partidaria, los legisladores firmantes desautorizaron su propio respaldo alegando que estampar la firma es una mera formalidad habitual entre colegas.
El desenlace provocó la indignación de Almánzar, quien al retirar la iniciativa desde el hemiciclo lanzó una dura recriminación hacia su bancada: «Lamento que en mi país haya tanta gente opinando sin documentarse. Incluso algunos de mis compañeros diputados olvidaron que a los bomberos no se les pisa la manguera».
La diputada censuró la falta de solidaridad de sus compañeros de partido, exhibiendo la fragilidad de la cohesión parlamentaria.
La urgencia de un manual de comportamiento frente a la carrera de 2028
Consciente del riesgo real de erosión política, la alta dirección del PRM ha comenzado a articular mecanismos defensivos para imponer orden en la contienda interna.
Una comisión designada por la organización se alista para presentar ante la Dirección Ejecutiva una propuesta de reglamento que actúe como un manual de comportamiento para precandidatos y sus respectivos equipos de campaña.
El reto principal radica en equilibrar la libertad de disentir y promover aspiraciones legítimas con la preservación del proyecto de gobierno y la institucionalidad.
La competencia sucesoral es amplia y compleja: las tensiones previas entre el cónsul en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez, y sectores que respaldan al ministro de Turismo, David Collado, mostraron que la neutralidad está desapareciendo.
A los proyectos presidenciales de David Collado y de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se suman las pretensiones de Raquel Peña, Wellington Arnaud y Guido Gómez Mazara.
En un contexto donde la reelección del presidente Abinader está descartada, la disputa por el espacio de poder tiende a intensificarse.
Si el PRM no logra encauzar estas dinámicas mediante su nuevo reglamento, corre el peligro inminente de trasladar las pugnas proselitistas a las ejecutorias del Gobierno.
La prueba de fuego para el oficialismo no radica solo en ganar comicios, sino en demostrar si verdaderamente logró superar la herencia del viejo PRD o si está condenado a repetir los ciclos de división que marcaron su historia.
