Por Manuel Antonio Vega
El sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina no tenía compasión alguna en su dominio y ordenaba matar a los líderes comunitarios, dirigentes clubiles y políticos como quien manda a pelar un puerco para comer en Navidad. Era un sanguinario que, cuando no le hacían el trabajo como mandaba, él mismo tomaba las riendas para llevar a cabo su deseo. Así fue como ordenó el asesinato de Manuel Hernández Santana (Pipí) en Cuba, donde la justicia de aquella nación llegó a establecer el escandaloso crimen como una obra maestra del tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Víctor Grimaldi, en su libro «Sangre en el barrio del Jefe», destaca y publica copia de la sentencia emitida en la corte de justicia cubana, donde se establece que el autor intelectual del asesinato de Pipí fue el dictador dominicano, quien no perdonaba a nadie, aunque estuviera en el extranjero.
Para tan horrendo asesinato se pagó y encomendó a varias personas, entre ellas a Adán Céspedes, quien llegó a declarar que en la Embajada Dominicana le entregaron el dinero para realizar el horrendo hecho de sangre.
«Manuel José Hernández Santana, conocido por «Pipí» Hernández, nativo de la República Dominicana y ciudadano de ese país, se vio forzado a marcharse del mismo desde el año 1934 por divergencias de carácter político y arribó a la provincia de Oriente de Cuba, residiendo en Guantánamo y Santiago de Cuba, dedicándose a realizar labores de diversas índoles para obtener los medios necesarios de subsistencia», expresa uno de los párrafos de la sentencia.
El opositor al régimen de Trujillo ya en Cuba había, a fines del año 1942, contraído matrimonio en Guantánamo con la señora Dolores Méndez Gómez, y en el año 1947 se estableció en Santiago de Cuba, donde se domicilió en el barrio El Vedado.
A pesar de estar en Cuba, Pipí sostenía su convicción política contra el régimen de Trujillo, llegando a formar células con la intención de detronar al dictador.
Estando en la capital cubana, Pipí se enroló como miembro de la Asociación ”Frente Unido Dominicano», que luchaba desde allá para destronarlo del poder.
El grupo de exiliados había huido a aquel país escapando de la represión del régimen por causas políticas.
Hernández Santana llegó a ser miembro dirigente de aquel movimiento de carácter revolucionario.
Infiltrados
El sátrapa, en su afán de capturar y ejecutar a Pipí y a otros revolucionarios y desarticular el movimiento antitrujillista en Cuba, logró infiltrar entre un grupo de exiliados haitianos a un oficial de la Policía Dominicana, quien fue detectado en el seno de la agrupación revolucionaria establecida en Cuba.
Hernández Santana, de oído fino y que conocía la psicología del dominicano, prontamente descubrió que el encubierto tenía cierta afinidad con el régimen político de Trujillo. El oficial aparentaba y fingía divergencias con el régimen para tratar de infiltrarse en las organizaciones opositoras o revolucionarias, con el fin de delatar sus planes y a sus integrantes.
Al enterarse el gobierno dominicano de que el sicario había sido descubierto, Trujillo utilizó nuevas estrategias para acorralar a Manuel Hernández Santana (Pipí), quien había logrado hacer crecer el movimiento antitrujillista en Cuba.
El primer considerando de aquella histórica sentencia establece: «Que los hechos que se declaran probados integran un delito consumado de asesinato, cualificado por haberse cometido mediante precio, haberse usado alevosía y obrado con premeditación conocida, previsto y sancionado en el artículo 431 A), párrafo inicial incisos primero, tercero y quinto y apartado B) de dicho precepto, del Código de Defensa Social; integrado porque el agente dio muerte, voluntariamente, a otra persona y realizado el hecho estimulado por el precio que pactó para su ejecución, ejecutó la agresión súbita e inesperadamente, acechando a su víctima a fin de asegurarla sin riesgo para el ofensor que procediera a la defensa que pudiera emplear el ofendido y porque de los actos externos realizados por el agente se ha demostrado que la idea del delito surgió en su mente con anterioridad suficiente al hecho realizado para organizarlo, deliberarlo o planearlo y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, se preparó ésta previendo las dificultades que podrían surgir y persistiéndose en la ejecución».
Los responsables criminalmente del delito calificado, en concepto de autores inmediatos, son los procesados Rafael Emilio Soler Puig, Adán Céspedes Céspedes y Alejandro Robinson Doñé, conocido por «Kem», por la participación directa y voluntaria que en concierto tomaron en su ejecución; y no habiéndose probado que el procesado Oscar García Guerra hubiera tomado participación alguna, en ningún concepto, en la preparación o realización de dicho delito, es procedente absolver del mismo al referido procesado, con las costas de oficio.
En la comisión del asesinato se apreció, en cuanto a todos los procesados, las circunstancias agravantes provenientes del hecho, de la responsabilidad criminal de los enjuiciados, de haber empleado para la comisión del delito arma prohibida por los reglamentos, cuyo carácter tiene el cuchillo de grandes dimensiones utilizado en su realización, comprendida en el apartado L) del artículo 41 del Código de Defensa Social, así como la de haberse ejecutado de noche porque se declara probado que se eligió esa circunstancia para la ejecución del delito, comprendida en el apartado S) del propio precepto; y la de haberse ejecutado el hecho empleando automóvil para asegurar la rápida fuga del culpable, comprendida en el apartado B) del referido precepto y no en el apartado W) del mismo como erróneamente señalaba el Ministerio Fiscal ni en el V) como también equivocadamente consignó la acusación particular, porque habiéndose dado a la fuga dos de los encausados, empleando aquel vehículo, lo que conocía el otro partícipe, se aseguró en esa forma la rápida ausencia de ellos del lugar de los hechos.
El tribunal cubano falló condenando a Rafael Emilio Soler Puig, Adán Céspedes Céspedes y Alejandro Robinson Doñé (Kem) como autores materiales de un delito consumado de asesinato, cualificado por la concurrencia de las circunstancias específicas de haberlo cometido por paga.
Los sicarios fueron condenados a 30 años de reclusión, que cumplieron en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos.
Como pueden observar, Trujillo extendía sus tentáculos criminales a cualquier parte del mundo para silenciar a sus adversarios, a quienes daba seguimiento día y noche hasta su captura y ejecución.
La maquinaria criminal de Trujillo andaba errante por doquier, pero con un solo propósito: eliminar al opositor.
«Pipí» Hernández fue vilmente asesinado a cuchilladas la calmada noche del 8 de agosto de 1955 en el barrio El Vedado de La Habana, ciudad capital de Cuba, donde se había residenciado con su esposa de origen cubano.
La prensa de La Sabana e internacional de la época relatan que su muerte provocó un tremendo escándalo en Santiago de Cuba, llegando el gobierno de aquella nación a responsabilizar al régimen de Trujillo del planeamiento y ejecución.
El escándalo fue aplacado meses después cuando fue asesinado el educador Jesús de Galíndez, quien fue ubicado por los sicarios en Nueva York, donde se había exiliado huyendo de la persecución sin par del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
La historia ha de recordar por siempre en páginas negras las barbaridades y acciones de ostracismo llevadas a cabo por la más sangrienta maquinaria dictatorial que gobernó la República Dominicana en el siglo XX.
