Por Manuel Antonio Vega
La tragedia de Haití es una herida abierta en el corazón del Caribe. Un territorio donde la supervivencia diaria se ha convertido en una lucha perpetua contra la miseria, la violencia y la deshumanización. En este contexto desesperado, la reciente incursión de tropas y técnicos salvadoreños, detonada por la desaparición de cuatro de sus connacionales, ha vuelto a encender el debate internacional.
La pregunta resuena con fuerza: ¿podrá el presidente Nayib Bukele replicar en suelo haitiano su contundente ofensiva contra las pandillas y devolverle la seguridad a una nación que lleva décadas desangrándose? O, por el contrario, ¿estamos ante otra intervención militar destinada a generar resultados efímeros mientras deja intactas las raíces profundas de un desastre histórico?
Para responder, es imperativo partir de una premisa incómoda pero ineludible: Haití no es El Salvador. Ni sus estructuras criminales, ni sus instituciones, ni sus circunstancias históricas comparten puntos de contacto.
Pretender que una fórmula de seguridad ciudadana puede trasladarse de un país a otro como quien cambia de escenario o se cambia una camisa o pantalón constituye una simplificación peligrosa.
Las bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y desafían abiertamente al Estado no operan en un vacío.
Están profundamente entrelazadas con redes políticas, económicas y financieras de cuello blanco.
El narcotráfico internacional, también tiene sus armas y asesores en Haití, pues es sabido que esa pobre nación es un puente abierto al trasiego en gran escala de drogas a países europeos y estados Unidos.
Cuando los blindados avancen y se intensifiquen las operaciones, los grandes beneficiarios del caos, aquellos que financian y protegen el negocio criminal desde las sombras, no estarán en la línea de fuego.
Los muertos y detenidos serán, con alta probabilidad, los peones de menor rango y categoría, mientras las estructuras de poder aguardan en silencio a que la tormenta pase, para volver a rearmase y mantener la crisis.
La responsabilidad de esta degradación es compartida. Por un lado, buena parte de las élites políticas y económicas haitianas ha saqueado y debilitado sistemáticamente sus propias instituciones, convirtiendo la corrupción en un sistema de gobierno.
Por el otro, la comunidad internacional carga con una deuda histórica imperdonable.
Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea han oscilado entre la indiferencia, la retórica diplomática y respuestas fragmentadas, incapaces de comprometerse con una reconstrucción institucional integral.
¿Y qué decir de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?
La experiencia de la MINUSTAH, que permaneció trece años en el país sin dejar instituciones sólidas y arrastrando graves denuncias de abusos y negligencia, no invita precisamente al optimismo.
Sin embargo, su estrepitoso fracaso no exime a la organización de su responsabilidad actual; por el contrario, exige un replanteamiento profundo bajo estricta supervisión y objetivos claros.
Bukele podrá exhibir armamento sofisticado, vehículos blindados y operaciones espectaculares.
Podrá asestar golpes contundentes y debilitar de manera temporal a determinadas organizaciones criminales.
Pero destruir una guarida no equivale a desmantelar una estructura de poder, que tiene armas y y experiencia de combate en zona urbana, rural en las maniguas montañosas.
La gran incógnita surge cuando los militares extranjeros emprendan el retorno: ¿qué quedará en Haití? ¿Un Estado reconstruido con instituciones funcionales y ciudadanos en paz, o el mismo Estado fallido, con sus pandillas reorganizadas, sus élites intactas y una población todavía más empobrecida?
Nadie niega la urgencia de combatir a las organizaciones criminales ni el sufrimiento inenarrable de quienes padecen su violencia a diario.
No obstante, la historia demuestra que ningún país se reconstruye exclusivamente a fuerza de fusiles.
Haití necesita mucho más que un mandatario extranjero dispuesto a exhibir su capacidad militar; necesita recuperar el monopolio legítimo del Estado, enfrentar con valentía a sus propias élites corruptas y exigir una comunidad internacional dispuesta a dejar de administrar su tragedia como un expediente sin solución.
Al final del día, la verdadera interrogante no es cuántos criminales podrán abatir los soldados salvadoreños ni cuántas victorias tácticas podrán celebrarse.
La pregunta crucial es si Nayib Bukele logrará ser, en efecto, el salvador de una nación en ruinas, o si simplemente será un protagonista más en una tragedia interminable que seguirá su curso cuando las tropas hayan marchado.







