Por Manuel Antonio Vega
Hay una extraña y macabra maraña política en medio de la tragedia haitiana. Mientras los barrios de Puerto Príncipe continúan bajo el yugo implacable de las bandas armadas, el tejido social se desgarra y millones de ciudadanos sobreviven al borde de la hambruna y el desplazamiento, la clase política y los aspirantes a líderes nacionales parecen vivir en una dimensión paralela. El reciente anuncio del Consejo Electoral Provisional (CEP) sobre la inscripción de 33 candidatos presidenciale, y miles de aspirantes a cargos legislativos, de cara al proceso electoral no es una muestra de vitalidad democrática, como algunos ingenuamente querrían interpretar. Es, por el contrario, el síntoma más alarmante de un colapso ético, una feria de vanidades y ambiciones fragmentadas que insulta el dolor de una nación sumida en una guerra no declarada pero letal.
¿Cómo se explica esta saturación de aspirantes en un Estado formalmente ausente, inestable y asolado por la violencia?
La respuesta no se encuentra en el compromiso cívico ni en una genuina vocación de servicio, sino en la mercantilización de la política.
En un país donde las instituciones han sido vaciadas de contenido, el poder público se percibe, tal como advirtió con agudeza una de las pocas candidatas mujeres en la contienda, no como un instrumento para la reconstrucción colectiva, sino como un pastel a repartir.
La fragmentación en 48 organizaciones políticas refleja un archipiélago de egos irreconciliables donde cada caudillo de bolsillo prefiere capitanear su propio naufragio antes que articular un frente común sólido que devuelva la paz a los ciudadanos.
Resulta desgarrador constatar la desconexión entre el discurso de ciertos aspirantes y la cruda realidad del terreno.
Mientras figuras académicas y políticas apelan con discursos de oropel a «la justicia social», «la restauración del Estado» o «el diálogo campesino», la realidad cotidiana de Haití se escribe con plomo, secuestros y extorsión.
¿Qué legitimidad democrática puede arrogarse un proceso electoral que se pretende celebrar bajo la sombra de las armas, con un clima de seguridad completamente inexistente?
Pretender organizar comicios en estas condiciones equivale a construir castillos de naipes sobre un terreno minado.
La urgencia del país no es elegir al próximo inquilino del Palacio Nacional en una rifa de 33 opciones, sino desmantelar el poder de facto de las bandas que estrangulan la soberanía nacional.
Esta hiperinflación de candidaturas atomiza aún más a una sociedad que necesita, imperiosamente, cohesión y liderazgo unificador.
Con 33 aspirantes compitiendo por la presidencia, el voto popular se pulveriza, garantizando gobiernos débiles, carentes de mandatos firmes y proclives a la negociación con los poderes fácticos y criminales.
En lugar de sumar fuerzas para enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad más grave de las últimas décadas, los actores políticos prefieren la comodidad estéril de figurar en una boleta electoral, perpetuando la ilusión de que la normalidad institucional es posible mediante decretos y calendarios desconectados de la realidad.
Haití no necesita más partidos de alquiler ni salvadores individuales que busquen redimir su propio protagonismo a costa del sufrimiento colectivo.
Lo que el país exige con gritos ahogados es un ejercicio de madurez y responsabilidad histórica por parte de su élite.
Treinta y tres candidatos presidenciales en un país en guerra no son una señal de libertad; son el reflejo de una clase política que ha convertido la tragedia nacional en el escenario de su más irresponsable representación.







