Abinader y las iglesias, la alianza que definió el Código Penal
POR OMAR SANTANA/ ND
El nuevo Código Penal dominicano es la consecuencia directa de las elecciones del 19 de mayo de 2024, donde dos temas dominaron la agenda: el control migratorio haitiano y la defensa de la familia tradicional.
Mientras el Gobierno convirtió la frontera en su bandera, los sectores conservadores, en particular las iglesias católica y evangélica, se encargaron de organizar, disciplinar, y señalar el voto alrededor de la causa «provida».
Si ese sector se impuso electoralmente, ¿por qué habrían de perder en el Congreso lo que ganaron en las urnas? Sobre todo en una situación internacional que favorece la tendencia.
El Código Penal aprobado refleja entonces, sin sorpresas, el mismo clima político y cultural que definió aquella campaña. Quien esperara otra cosa, probablemente leyó mal la coyuntura.
Es cierto que el presidente Abinader, en su campaña de 2020 y durante parte de su mandato, se mostró favorable a las tres causales. Pero la apuesta del mandatario ha sido mantener la gobernabilidad y en ese orden priorizar el músculo organizado de las iglesias y no asumir costos políticos por un tema que, aunque visible en medios y redes, no necesariamente refleja a la mayoría silenciosa.
De manera que, de la misma forma que no se le pide peras al olmo, no se le puede exigir guayabas al limoncillo y el Congreso es el reflejo de aquellos votos. El Código Penal es lo que el país, con todo y abstención, votó. El que quiera causales, que salga a ganarlas en las elecciones.
Hay un sector que ahora quiere vender la esperanza de que las causales se incluirán en alguna ley especial, eso está por verse, pues los provida continúan en el Congreso, en los mismos escaños en los que se encontraban cuando aprobaron el Código Penal.
Ahora bien, el nuevo Código Penal no debe reducirse a las causales. La pieza incluye avances notables: feminicidio, sicariato, violencia económica, delitos ambientales, responsabilidad penal de empresas, y también hay cuestionamientos que deben ser reparados durante el periodo de un año para su revisión.
