Por Manuel Antonio Vega
Desde niño he escuchado que se lucha contra el hambre y la pobreza, utilizando discursos huecos cuya retórica cambia según el color del partido que esté enquistado en el poder. En la República Dominicana, este drama histórico es visto como un desafío social perenne que ningún gobierno logra erradicar. Peor aún, da la impresión de que se le cultiva deliberadamente como una estrategia para el accionar político, eludiendo siempre el meollo del asunto para evitar que desaparezca por completo.
Y es que el hambre se intenta encasillar fríamente en los parámetros de la economía estructural, implantada o maquillada por la administración de turno.
Las difíciles condiciones de existencia, la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza, matizadas por el desempleo crónico, los salarios de miseria, la corrupción endémica, la discriminación, la exclusión social y la carencia de fuentes de empleo reales y focalizadas, impiden dinamizar la economía para suprimir esta calamidad.
La República Dominicana parece estar preparada únicamente para el ciclo electoral de cada cuatro años.
Aquí no existe una planificación nacional proyectada a cincuenta años; por el contrario, cada vez que hay un cambio de sillas y de gabinete, se promete «planificar para erradicar la pobreza» como si fuera una ocurrencia nueva. Sin embargo, la pobreza no se debe medir con fórmulas macroeconómicas de escritorio, sino percibir en los barrios y en las comunidades más vulnerables, donde no hay otra fuente de sustento que el «chiripeo» o el jornal por salarios irrisorios.
Los gobiernos actuales se ufanan en vender una economía de papel y redes sociales como un modelo ribombante, mientras la realidad cotidiana es otra: el agua potable escasea de forma alarmante, la canasta familiar se vuelve cada vez más inalcanzable y se observa un agotamiento implacable de las fuentes de empleo que permitan al ciudadano más humilde garantizar las tres comidas del día.
Pienso que, mientras el país dependa de una economía subsidiada e importadora, habiendo tierra fértil que producir y brazos dispuestos a cultivarla, el hambre seguirá siendo una simple pieza en el ajedrez económico de los gobiernos, diseñada para mantener entretenidos a los dominicanos de a pie: desvalidos, hambrientos y desprotegidos por el Estado.
De los problemas fundamentales que afectan al ser humano, tres columnas sostienen la dignidad: la salud, la educación y la inversión social.
Sin embargo, en el actual escenario político, estos derechos se reducen a consignas vacías que solo se aplican en los discursos, los medios de comunicación masiva y las redes sociales.
Hay que decirlo con todas las letras: nadie trata con la debida responsabilidad los problemas estructurales de la pobreza, el hambre y la delincuencia.
Se ha llegado a un punto tan extremo que diversas revelaciones apuntan a personas que se ven obligadas a robar para poder comer en los propios surcos agrícolas.
Hay que decirlo para que se entienda con claridad: la calidad de vida en la República Dominicana está por los suelos, pues no se hace nada efectivo para aliviar las necesidades inmediatas de una población que solo demanda vivir con dignidad.
En nuestra nación, la pobreza se ahoga en los pantanos de la miseria y la desesperanza que alimentan los gobernantes de turno.
Cuando los ingresos familiares no aumentan al mismo ritmo vertiginoso que el costo de la vida, los hogares se ven obligados a achicar gastos vitales.
Se recorta en alimentación, en atención a la salud y en educación, creando un círculo vicioso que atenta directamente contra la supervivencia humana.
El combate frontal a la desigualdad social requiere inexorablemente de una planificación estratégica con políticas públicas reales e inversiones tangibles destinadas a erradicar el desempleo.
Ya es hora de abandonar las asistencias ocasionales y el asistencialismo clientelar, que ni mitigan el hambre ni solucionan la existencia humana sobre la tierra.
Urge crear un tejido industrial y empresarial robusto que genere fuentes de empleo formales, permitiendo erradicar esa ayuda precaria que, en tiempos de elecciones, se multiplica para fingir solidaridad con los pobres, cuando en realidad lo único que logra es empobrecerlos y doblegarles la dignidad.
