El ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961 cambió radicalmente la suerte de muchos de los hombres que venían sirviéndole. No se trataba solo de la muerte del Jefe, sino también de la desaparición como figuras importantes de muchos de sus colaboradores.
El poder de la élite política y militar trujillista dependía del poder de Trujillo, y muerto éste, todo se le iba a derrumbar. Sin Trujillo no podía haber trujillismo por mucho tiempo. Sin Trujillo no había privilegios ni poderes.
Jhonny Abbes, el siniestro matón del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), fue el primero en caer. El propio presidente Joaquín Balaguer, con el apoyo de Ramfis, lo despojó de sus poderes, y lo desterró a Japón en un cargo diplomático de poca monta, que nunca ocupó. Luego vendría la fuga de los familiares de Trujillo, encabezada por doña María Martínez, Ramfis, Negro y Petán. Posteriormente los cañones apuntaron a la cabeza de Balaguer, y éste hubo de asilarse, en enero de 1962, en la Santa Sede.
Mientras el país iniciaba la transición hacia la democracia, el gobierno del Consejo de Estado, presidido, como ironía de la historia, por Rafael F. Bonelly, un antiguo y conspicuo trujillista, aunque tímidamente, inició investigaciones sobre crímenes políticos, desapariciones y abusos cometidos durante la tiranía.
Uno de los que confrontaría problemas en el nuevo ambiente fue el general Federico Fiallo, una pieza clave en el aparato represivo de la dictadura. Durante décadas ocupó posiciones de gran relevancia: fue jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional, alcanzó el rango de mayor general y desempeñó diversos cargos y encargos de confianza del Jefe.
El hombre era brutal y sanguinario, que cumplía las órdenes con la mayor crueldad y sangre fría. En ese contexto, fue requerido por la fiscalía de Santo Domingo para ser investigado sobre diversos crimenes ocurridos durante la dictadura y atribuidos, con razón, a él.
En fin, pesaban sobre él muchos crímenes y debía responder por algunos, como por ejemplo, lo que se conoce como La Masacre de la curva del Número, ubicada en la carretera Baní-Azua, donde personalmente supervisó la ejecución, a sangre fría, de seis personas, una de ellas, mujer embarazada.
La idea era matar a Porfirio Ernesto Ramírez Alcántara, alias Prim, a garrotazos y tirar su vehículo en un derricadero, por el solo hecho de ser hermano de Miguel Angel Ramírez Alcántara, un destacado luchador antitrujillista en el exilio. Pero cuando los guardias detuvieron el camión vieron que iban con él cinco personas. No sabían qué hacer. Se acercaron al general, que estaba discretamente cerca, y le dijeron la imprevista novedad. Fiallo no se inmutó. En ningún momento pensó suspender el operativo para otro momento más adecuado. La orden del Jefe era matar a Prim, y eso iban a hacer, aunque con él morirían las otras cinco personas. Así, sin rodeos, les dijo «matenlos a todos, a los seis, incluyendo a la mujer. Nadie puede quedar vivo». Así de sanguinario era el general Federico Fiallo.
Ahora tenía que responder por ese y otros hechos en una República Dominicana distinta a la que había conocido durante gran parte de su vida. El miedo comenzaba a ceder paso a la denuncia y a la investigación, y había una fuerte campaña impulsada esencialmente por la Unión Cívica Nacional para llevar a los tribunales a los criminales de la dictadura.
La mañana del 16 de junio de 1962 se presentó en su casa el Fiscal del Distrito Nacional, Rafael Valera Benítez, para interrogarlo sobre distintos hechos. Pero aquel día el matarife no tuvo el valor del que se ufanaba en su época de gloria. Ante la posibilidad de ser interrogado, y luego vejado y apresado, se aterrorizó y decidió no someterse al interrogatorio. Entonces entendió llegada la hora de irse del mundo de los vivos. No estaba en condiciones psíquicas ni emocionales para enfrentarse cara a cara, y en un ambiente hostil, con las posibles revelaciones sobre su actuación criminal durante la tiranía, que indefectiblemente saldrían a la luz.
Los nombres de las víctimas, que durante la dictadura nadie se atrevía a mencionar, regresaban del olvido, para caer como una implacable espada sobre la cabeza del viejo general. Los expedientes, uno tras otro, comenzaban a abrirse. Federico Fiallo, que había participado en el asesinato de muchos dominicanos, comprendió que la historia estaba llamando a su puerta.
Entonces eligió el silencio definitivo. Eligió el suicidio. Un disparo rompió la mañana de aquel 16 de junio. Con su propio revólver se pegó un balazo que puso fin a su vida miserable de asesino. Aquello no fue solamente la muerte de un hombre. Fue también la imagen de una estructura de poder que se desmoronaba. Fue la imagen de uno de los generales más despiadado del viejo régimen que prefería suicidarse antes de rendir cuentas.
La justicia no pudo alcanzar a aquel sanguinario general, como tampoco alcanzó a muchos otros. Al final, hubo una especie de borrón y cuenta nueva, un perdón colectivo, un olvido generalizado, y muchos de aquellos que debieron ser enjuiciados lograron esquivar los tribunales y se reciclaron en la sociedad y hasta en el poder. Eso sucede cuando no se castiga a los verdugos, como se merecen. Pero el eco de aquel disparo quedó como un símbolo sombrío del ajuste de cuentas moral y judicial que debió seguir al fin de la dictadura.
