Por Manuel Antonio Vega
La contabilidad de la muerte: El costo humano del «intercambio de disparos»
La alarmante metamorfosis de la seguridad pública en la República Dominicana ha cruzado una línea roja que ya no se puede ocultar con comunicados oficiales. Lo que antes se reportaba como incidentes aislados —aquellos selectivos «dos muertos por mes»— se ha transformado en una estadística diaria y sangrienta: de uno a cuatro cadáveres por jornada a manos de unidades como los «Linces» y la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
La narrativa oficial, invariable y predecible, insiste en el gastado eufemismo del «intercambio de disparos», una fórmula retórica que la sociedad civil empieza a leer, con sobrada razón, como ejecuciones extrajudiciales institucionalizadas.
La macabra ecuación económica del Estado
Detrás del gatillo alegre de las patrullas policiales subyace una realidad presupuestaria que hiela la sangre.
El propio director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez, ha puesto sobre la mesa una cifra alarmante: mantener a cada persona privada de libertad le cuesta al Estado dominicano RD$ 1,400 diarios, lo que genera un gasto superior a los RD$ 12,700 millones anuales para una población que ronda los 25,000 internos, de los cuales cerca de 17,000 son meros presos preventivos.
Si cruzamos este dato con la realidad de las calles, la deducción resulta tan fría como espantosa: para el aparato estatal, resulta más rentable el costo de un proyectil de 200 pesos en la anatomía de un ciudadano que asumir el costo de su detención, judicialización y una reforma carcelaria que el Estado no está preparado —ni parece interesado— en ejecutar.
Las declaraciones sobre el costo penitenciario operan en la práctica como una orden implícita y aviesa para que los agentes disparen a matar contra cualquiera que encaje en el estigma o la sospecha delictiva.
El tiro es más barato que la prisión; el colapso del sistema penal se «resuelve» en las aceras.
Delincuencia vs. Barbarie: Casos que se repiten
Los casos recientes de Mauricio Fermín, alias “Mao”, en Monte Plata, y de “Nono el Imparable” en Villas Agrícolas, tipifican el modus operandi de una fuerza policial que ya no neutraliza, sino que elimina.
En ambos casos, el libreto de la uniformada es idéntico: una orden de arresto previa, un presunto ataque con armas de numeración ilegible y el deceso del sospechoso camino al centro de salud.
No se trata de justificar el accionar de quienes delinquen ni de ignorar el flagelo del atraco a mano armada que azota a nuestras comunidades.
Se trata de exigir legalidad. Una policía profesionalizada utiliza armas no letales o balas de salva para neutralizar y presentar al sospechoso ante los tribunales.
El ataque alegre y cobarde que vemos hoy solo denota la profunda carencia de formación técnica y el desprecio por el debido proceso.
El fantasma de los Doce Años y el costo en las urnas
La comparación histórica ya no es una exageración de la oposición, sino una realidad reflejada en las redes sociales y en las páginas de los diarios impresos.
El volumen de jóvenes caídos en los últimos seis años bajo el actual régimen empieza a trazar un paralelo espeluznante con la época más oscura y sangrienta de los «Doce Años» de Joaquín Balaguer.
Aquel terror de Estado que creíamos superado regresa hoy bajo el ropaje de la «guerra contra el crimen».
Sin embargo, quienes dirigen el Estado parecen olvidar una regla fundamental de la sociología política dominicana: hay muertos que quitan votos.
Por cada joven abatido bajo la sospecha y el prejuicio social, una familia rota y una comunidad indignada se apartan del oficialismo.
Los corazones quebrados de las madres y los barrios marginados acumulan una furia que se expresará, inevitablemente, de forma contundente en las urnas.
El consentimiento y el silencio del gobierno de Luis Abinader ante este holocausto salvaje no solo erosiona el Estado de derecho, sino que siembra las semillas de su propia derrota política.
Al costo económico que sea, la sociedad dominicana tiene que exigir la supresión inmediata de estos crímenes burdos contra la juventud.
La seguridad pública no puede seguirse midiendo en el ahorro de raciones de cárcel a cambio de vidas humanas.
Un Estado que prefiere disparar antes que reformar no está combatiendo el crimen; se está convirtiendo en parte de él.
Advierto: «Hay muertos que quitan votos».
