Por Manuel Antonio Vega
Lo ocurrido en el hospital de El Valle, en Hato Mayor, no es un «error de procedimiento» ni un exceso de celo burocrático.
Que una mujer de nacionalidad haitiana, recién parida y en estado de vulnerabilidad absoluta, haya permanecido cinco días esposada a una cama de hospital es, con todas sus letras, una tortura institucionalizada.
El rostro desalmado del Estado
Resulta inaceptable que, bajo el amparo de una política migratoria, se despoje a un ser humano de su dignidad más básica.
Impedir que una madre amamante con libertad a su hijo, sometiéndola al suplicio del metal en las muñecas mientras su cuerpo intenta recuperarse del parto, es un acto de una crueldad primitiva.
¿A qué le teme la Dirección General de Migración?
¿Acaso pensaban que una mujer convaleciente iba a protagonizar una fuga cinematográfica con un recién nacido en brazos? No.
Lo que buscaban era ejemplarizar a través del miedo, una táctica propia de regímenes que han perdido la brújula de los Derechos Humanos.
El lucrativo negocio del «Gato y el Ratón»
Mientras se exhibe esta «mano dura» contra las parturientas en los hospitales, en las sombras de las zonas cañeras y agrícolas de Hato Mayor se desarrolla un espectáculo mucho más siniestro: el mercado de la libertad.
Es un secreto a voces que la dignidad tiene precio en el Este dominicano.
Mientras a una madre se le imponen grilletes, a otros se les imponen tarifas.
El «picoteo» policial y militar ha convertido las deportaciones en una subasta humana.
La tarifa del silencio: Entre 10,000 y 20,000 pesos por «soltar en el camino» a quienes deberían ser procesados conforme a la ley.
La simulación: Se arresta para cumplir cuotas de visibilidad, pero se libera para llenar bolsillos particulares.
Un llamado al Palacio Nacional
Señor presidente Luis Abinader, a sus oídos llega una narrativa de eficiencia, pero en el terreno lo que impera es el descrédito.
Sus agentes no están protegiendo la frontera; muchos están negociando con la miseria ajena.
El Estado dispone de mecanismos legales y civilizados para gestionar la migración.
Esposar a una mujer tras dar a luz no es control migratorio, es un procedimiento criminal que expone a la República Dominicana ante el mundo como un país capaz de tolerar la barbarie.
La soberanía no se defiende con crueldad, se defiende con integridad.
Si el gobierno no investiga este caso y no detiene la extorsión sistemática en las zonas agrícolas, el discurso de la «legalidad» no será más que una máscara para ocultar una realidad podrida.
No estamos defendiendo la ilegalidad; estamos repudiando que, en nombre de la ley, se actúe como criminales.
