Por Manuel Antonio Vega
El dominicano, asfixiado por una bruma económica que no da tregua, es capaz de emprender las odiseas más inimaginables para alcanzar el sustento de los suyos. Sin embargo, viajar a Rusia persiguiendo una oferta de «trabajo técnico» para terminar en las trincheras de Ucrania cruza la frontera de lo comprensible y se instala de golpe en el absurdo más doloroso. La realidad de estos 20 compatriotas no es solo una tragedia individual; es una radiografía de la desesperación y, sobre todo, una muestra de la alarmante falta de escrúpulos de la maquinaria de guerra rusa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha aclarado que los afectados firmaron contratos de manera voluntaria, redactados en español y ruso, comprometiéndose a servir en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
Legalmente, esto ata de manos al Estado dominicano, limitando su margen de acción consular a la buena voluntad diplomática.
Pero más allá de los párrafos, las firmas y el andamiaje jurídico que Moscú utiliza para blindarse, existe un cuestionamiento moral ineludible que la comunidad internacional no puede ignorar.
¿Es legítimo que una potencia nuclear aproveche la precariedad económica de países en desarrollo para reclutar mano de obra técnica y convertirla, bajo engaño o manipulación contractual, en soldados de primera línea?
Lo que Rusia ejecuta no es un proceso de alistamiento transparente.
Es una red de captación que se nutre de la necesidad ajena.
Ofrecer vacantes técnicas para luego exigir juramentos de fidelidad al pueblo ruso y el cumplimiento de misiones de combate en una guerra ajena es una táctica depredadora.
El canciller Roberto Álvarez, en sus gestiones ante su homólogo Serguéi Lavro, hizo bien en manifestar la profunda preocupación del Gobierno por estas «ofertas laborales que derivan en actividades relacionadas con el conflicto».
El uso de esta sutil diplomacia confirma lo que a gritos se lee entre líneas: los dominicanos viajaron engañados por promesas de prosperidad y terminaron atrapados en una trampa legal de un año de duración en el frente de batalla.
Aquellos que hoy claman desde la zona de conflicto por un rescate estatal están viviendo en carne propia el viejo refrán: fueron por lana y están a punto de salir trasquilados.
Su vulnerabilidad económica los cegó ante el peligro, pero la responsabilidad mayor recae sobre quien tiende la red.
La comunidad internacional y la sociedad dominicana deben repudiar con firmeza esta actitud rusa, que no duda en instrumentalizar la pobreza global para engrosar sus filas en una invasión injustificable.
Ningún contrato, por muy firmado que esté, debería validar el canje de la necesidad humana por carne de cañón.
