Por Manuel Antonio Vega
La República Dominicana atraviesa una paradoja estadística peligrosa y sangrienta.
Mientras el discurso oficial celebra una reducción en la tasa de homicidios intencionales, las morgues del país cuentan una historia distinta: el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, ha vuelto a adoptar el «intercambio de disparos» como una política de limpieza social de facto.
Los números no mienten, pero sí desenmascaran.
Entre 2021 y 2024, las muertes de civiles a manos de uniformados se dispararon en un 194.8%.
Lo que parecía ser una tendencia hacia la profesionalización policial se ha revertido brutalmente, retrocediendo el reloj de los derechos humanos doce años atrás, situándonos en niveles de violencia institucional que creíamos superados.
Es inaceptable que el Gobierno intente maquillar la realidad mediante la semántica.
Clasificar estas muertes como «homicidios no intencionales» o «acciones legales» es un eufemismo que insulta la inteligencia ciudadana y la memoria de las víctimas.
Al 4 de mayo de 2026, ya contabilizamos 65 muertes en solo cuatro meses. Si esta progresión continúa, el 2026 cerrará como uno de los años más violentos en la historia reciente de la Policía Nacional.
El Peligro del «Gatillo Alegre» y el Juicio Sumario
El problema no es solo la cantidad, sino la arbitrariedad, pues en la era de la viralidad, hemos permitido que comunicadores y redes sociales actúen como tribunales de inquisición, señalando a quién se debe «sacar de circulación».
Cuando la policía sale a «cazar», no hay debido proceso. En esa carrera ciega, se elimina al bandido, pero también se siega la vida del inocente.
Como bien ha señalado Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, el Estado tiene la obligación constitucional (Artículo 37) de garantizar la inviolabilidad de la vida.
Portar un uniforme no es una licencia para ejecutar; es una responsabilidad para proteger.
Cada vez que un agente mata a un ciudadano sin una investigación imparcial, el Estado dominicano se convierte en un criminal ante los tratados internacionales.
Una Reforma que no llega a las calles
La publicitada «Reforma Policial» parece quedarse en las oficinas del Palacio Nacional mientras en los barrios impera la ley del plomo.
No se puede hablar de seguridad ciudadana si el ciudadano le teme más al policía que al delincuente.
Para frenar esta sangría, se requieren acciones urgentes:
Investigaciones independientes: Los casos de «intercambio de disparos» no pueden ser investigados por la misma institución involucrada.
Control civil real: Transparencia absoluta en las estadísticas y rendición de cuentas de los mandos superiores.
Régimen de Consecuencias: La impunidad es el combustible del gatillo alegre.
Sin policías presos por ejecuciones, la reforma es una quimera.
El presidente Luis Abinader y las autoridades de seguridad deben actuar con la cabeza fría y el pulso firme, pero no para apretar el gatillo, sino para frenar la mano de quienes lo hacen.
La «limpieza social» no es seguridad; es barbarie.
Un Estado que mata para «imponer el orden» solo está sembrando un caos más profundo y rompiendo el contrato social de la dignidad humana.
Es hora de parar los asesinatos extrajudiciales.
La vida es inviolable, sin excepciones.
