Por Manuel Antonio Vega
La Policía dominicana no solo anda de cacería, exterminando a los jóvenes de los barrios, sino que está violando preceptos constitucionales establecidos en la Carta Magna, madre de todas las leyes. Son ejecuciones sumarias. Es bueno recordarle al director de la Policía y al propio presidente Luis Abinader que el artículo 37 de nuestra Constitución es claro al establecer: «El derecho a la vida es inviolable desde la concepción misma hasta la muerte». Y más adelante consigna que «no podrá establecerse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte».
Es un verdadero holocausto auspiciado por el propio Estado, aun sabiendo que vulnera preceptos constitucionales y morales.
Cada vez que se mata a un supuesto delincuente, se celebra como si fuera una fiesta de cumpleaños.
Lo fantasmagórico de todo este proceso de silenciar a nuestra juventud es que resulta celebrado por periodistas y comunicadores que, a todas luces, desconocen la Constitución y el nuevo Código Penal dominicano.
Hay que decirlo: el propio presidente Luis Abinader ha arengado y llamado a que los supuestos delincuentes se entreguen «para que les vaya mejor».
Por encima de los «gatillos alegres» que hay en la Policía Nacional, hay que condenar abierta y enérgicamente los asesinatos extrajudiciales que se vienen ejecutando a mansalva en todo el territorio nacional.
Quien lo celebra es porque no le ha tocado recibir a un muerto en su casa.
El pañete o mácula de los «intercambios de disparos» hay que pararlo; primero, porque contrapone los mandatos constitucionales y las leyes aprobadas en el Congreso Nacional. Los senadores tienen que ayudar a detener este holocausto humano llevado a cabo sin reservas por la Policía Nacional.
La palabra de Dios
El quinto mandamiento de la Ley Divina advierte: «No matarás». Es una advertencia que hace Dios a los que matan sin compasión.
Este precepto bíblico se replica en varios libros de la Sagrada Escritura, como en Éxodo 20:13. En el Nuevo Testamento, Jesucristo lo retoma explicando que no solo se quebranta con el acto físico, sino también con el odio y el enojo hacia el prójimo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio». Asimismo, 1 Juan 3:15 señala: «Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él».
A pesar de que muchos agentes policiales conocen la palabra de Dios, siguen disparando a diestra y siniestra con el aparente respaldo del gobierno de Luis Abinader.
Es cosa de Dios combatir el delito mediante la justicia institucional y no con la muerte.
Los asesinatos parecen ser selectivos, porque nadie ve muerto a uno de los que matan mujeres ni violan niños; tampoco son asesinados los que roban millones al Estado mediante prácticas fraudulentas.
El Gobierno tiene que detener de inmediato el «río de sangre» que lleva a cabo la policía criminal.
Fundamentamos nuestro pedido acogiéndonos a los artículos 37 y 38 de la Constitución, recordando que en el país la pena de muerte está estrictamente prohibida y que la dignidad humana es inviolable, se mire por donde se mire.
La Policía usurpa funciones judiciales al aplicar castigos sin un debido proceso, sumado a que los asesinatos se llevan a cabo de manera selectiva.
El presidente Luis Abinader sabe que los caídos en estos supuestos enfrentamientos son exclusivamente jóvenes de barrios vulnerables.
Nadie ha visto caer al suelo, víctima de los «gatillos alegres», a feminicidas o a delincuentes financieros de «cuello blanco».
Esto demuestra que no son hechos casuales, sino ejecuciones selectivas.
La violencia policial está preocupando más al país que el alza de los combustibles y de la canasta familiar.
Celebrar el crimen institucionalizado no soluciona el problema de fondo, sino que expone la incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley y mantener el orden público de manera legal.
Rol de la Policía
Es bueno recordar que la misión de la Policía Nacional es perseguir el delito y conducir a los sospechosos ante los tribunales.
También le recordamos a la uniformada que su deber es proteger y salvaguardar vidas y propiedades, no ejecutar ni llevar a cabo una cacería humana, como si las personas fueran pájaros bobos o jabalíes silvestres.
