Por Manuel Antonio Vega
El debate sobre la eficiencia en la administración pública dominicana ha tomado un giro sorprendente. Recientemente, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, propuso que el Ministerio de Educación (Minerd) abandone las transferencias electrónicas de pago para el personal administrativo. En su lugar, sugiere volver al viejo método de emitir cheques físicos. El objetivo detrás de este planteamiento es loable: realizar un pago auditado para identificar y erradicar a las personas que cobran sin trabajar, las conocidas «botellas».
Sin embargo, la solución propuesta representa un peligroso viaje al pasado.
Existen pedimentos que, aunque busquen disciplinar el pago y transparentar los fondos del Estado, conllevan un evidente retroceso institucional.
Desde hace más de dos décadas, el Minerd implementó las transferencias bancarias. Este cambio no fue un capricho.
Respondió a la necesidad de modernizar el sistema, reducir la burocracia, evitar largas filas y mitigar los riesgos de corrupción asociados al manejo de papel moneda y firmas manuales.
Regresar al cheque físico de forma permanente para escuelas, distritos y regionales sería desandar el camino de la digitalización que el mundo entero abraza.
Hidalgo argumenta que el abultamiento de la nómina y el déficit de personal de apoyo en las aulas se deben a que muchos empleados cobran por transferencia sin asistir a sus puestos.
«Estamos en el terreno y decimos que faltan porque no están asistiendo», insistió el dirigente gremial.
Si bien es cierto que el ausentismo laboral y las nóminas paralelas son males reales que afectan el presupuesto educativo, combatirlos con herramientas del siglo pasado es un error de estrategia.
El problema no es el mecanismo de pago, sino la falta de supervisión y de consecuencias drásticas para quienes incumplen sus deberes.
La tecnología actual ofrece auditorías digitales automatizadas, sistemas de control de asistencia biométricos y cruces de datos en tiempo real que son mucho más efectivos que contar papeles.
Volver al cheque implica movilizar una logística enorme, gastar recursos en impresión y distribución, y exponer el proceso a nuevas vulnerabilidades de seguridad.
Es sustituir la eficiencia por la sospecha generalizada.
Es una realidad que las autoridades educativas han utilizado de manera ocasional operativos temporales de pago presencial con cheques.
Estas jornadas específicas han funcionado como auditorías efectivas para depurar las nóminas. No obstante, una cosa es aplicar una medida de control excepcional y de carácter sorpresa, y otra muy distinta es instaurar el cheque físico como la norma del sistema de pago.
Lo primero es una herramienta de fiscalización válida; lo segundo es un atraso sistémico.
La ADP tiene toda la razón al exigir que se resuelva el déficit de personal administrativo y de apoyo en el año escolar 2026-2027.
Para lograr una educación de calidad, las escuelas necesitan secretarios, conserjes y guardianes comprometidos y presentes.
El Minerd debe asumir su rol fiscalizador y aplicar auditorías rigurosas utilizando los recursos modernos que ya existen.
La solución al abultamiento de las nóminas no consiste en apagar las computadoras para encender las imprentas de cheques.
El camino correcto es fortalecer los controles institucionales, sancionar a los infractores y digitalizar la supervisión con la misma fuerza con la que se digitalizó el pago.
El desarrollo del sistema educativo dominicano exige mirar siempre hacia adelante, nunca hacia atrás.
