Por Manuel Antonio Vega
La República Dominicana ha dejado de tener calles para convertirse en un circuito de supervivencia.
Lo que en principio nació como una solución de transporte económica y ágil ante la ineficiencia del sistema público, ha mutado en una epidemia social y de seguridad que desangra al país, tanto en sus hospitales como en su paz ciudadana.
El crecimiento del parque de motocicletas en el país no es una evolución, es una explosión descontrolada, algo que espamta.
Al cierre de marzo de 2026, la cifra de unidades circulando alcanzó los 3,922,738.
Ese ritmo de crecimiento, solo en el primer trimestre de este año ingresaron 76,044 motos nuevas.
De seguir esta tendencia, diciembre cerrará con más de 300,000 nuevas unidades en las calles.
La Ilegalidad como Norma: El dato más alarmante es el vacío institucional.
El 99.5% de los motoristas opera sin licencia Categoría 01.
Estamos ante casi 4 millones de personas manejando un vehículo motorizado al margen de la ley.
Según datos del INTRANT, apenas el 26.8% del parque está regulado.
En el Distrito Nacional, el desorden es crítico: de 772,371 motos, solo el 11.04% figura en los registros oficiales.
Las «Rutas de la Muerte»: La motocicleta ya no es solo una herramienta de trabajo; para miles de jóvenes, es un casino itinerante y una ruleta rusa.
Las carreras clandestinas han evolucionado hacia una estructura criminal de apuestas que moviliza sumas de hasta 100,000 pesos por competencia.
Los Puntos Críticos de la Muerte:
Autovía del Este (Boca Chica – La Romana): Los viernes y sábados de madrugada, la vía se convierte en una pista clandestina donde motores «preparados» y sin luces corren a velocidades suicidas.
Autopista 6 de Noviembre y Juan Pablo II: Escenarios frecuentes de «calibrado» (conducir en una rueda) a más de 120 km/h.
Tramo Piedra Blanca-Bonao: Grupos de hasta 40 motoristas llegan a secuestrar carriles completos, paralizando el tránsito legal para dar paso a sus competencias criminales.
»La moto dejó de ser transporte; ahora es el instrumento de una apuesta donde el premio es el dinero y el costo es la vida propia o la de un inocente.»
El Colapso Hospitalario y el Costo de la Sangre
República Dominicana ostenta el deshonroso título de líder en muertes viales en América.
Con más de 3,000 fallecidos al año, el asfalto dominicano es una fosa común donde el 70% de las víctimas viajaba en dos ruedas.
Los hospitales traumatológicos como el Ney Arias Lora, el Darío Contreras y el Antonio Musa están en estado de sitio permanente.
Más del 60% de sus camas de trauma están ocupadas por motoristas.
Este es un drenaje constante de los presupuestos públicos; el dinero que debería ir a salud preventiva se consume en clavos, cirugías reconstructivas y cuidados intensivos para accidentados sin seguro médico.
El motor como arma de asalto y terror en las ciudades y campos de los cuatro puntos cardenales de la nación.
La inseguridad ciudadana tiene dos ruedas. Los asaltos motorizados —ejecutados por hombres y, cada vez más, por mujeres— mantienen a la población en un estado de paranoia constante.
La respuesta de las autoridades se ha centrado en incautaciones masivas, obligando a los propietarios a pagar multas de entre cinco y seis mil pesos para recuperar sus vehículos, una medida que muchos consideran recaudatoria más que correctiva.
La tensión en la frontera: En provincias como Elías Piña, Jimaní y Dajabón, el problema adquiere un matiz migratorio y de seguridad nacional.
Motocicletas procedentes de Haití, muchas de ellas «desechos» mecánicos sin luces ni frenos, cruzan la frontera sin registro ni seguro, siendo utilizadas para el «motoconcho ilegal» y delitos que quedan impunes al ser imposible rastrear a sus conductores.
El vacío de sutoridad es tangible en todo lugar del país.
A pesar de que la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoce que el 65% de los siniestros involucran a este sector, la percepción ciudadana es de absoluta orfandad.
Las «turbas» de motociclistas que rodean e intimidan a conductores tras un roce vehicular se han vuelto comunes.
Esta «ley de la selva» donde la cantidad se impone a la norma, está fracturando la convivencia social.
Mientras las estadísticas oficiales intentan mostrar una baja en los robos (un 13% según informes recientes), la realidad en los barrios como Capotillo, Guachupita y Sabana Perdida y pueblos como La Romana, Higüey, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, cuentan una historia distinta: la del «calibrado» como deporte y el motor como herramienta de escape para el crimen.
La República Dominicana se enfrenta a un monstruo de cuatro millones de cabezas.
Sin una política de mano dura, registro biométrico obligatorio y educación vial real, las motocicletas seguirán siendo las dueñas de la muerte en el país.
El costo de la inacción se sigue pagando con la moneda más cara: la vida de los dominicanos.
