Por Manuel Antonio Vega
La geografía dominicana ha sufrido una metamorfosis perversa. No se necesita un mapa para entender las prioridades reales de quienes nos dirigen; basta con caminar por cualquier barrio de la capital o por el rincón más remoto de la zona rural.
Donde debería levantarse el andamio de una escuela o el refugio espiritual de una iglesia, florecen, con una velocidad casi biológica, las casetas de colores chillones de las bancas de lotería.
El diagnóstico es lapidario: la República Dominicana camina al revés.
La República Dominicana anda y camina al revés, pues una escuela y una iglesia para educar a y evangelizar los niños pobres, y 7 y 10 banca de loterías, para motivar e incentivar al juego de azar.
Una desproporción que espanta
Las cifras no solo son alarmantes, son inmorales.
Mientras el país cuenta con aproximadamente 7,931 centros educativos públicos para el actual periodo 2025-2026, el submundo del azar opera en una dimensión paralela. Los datos oficiales hablan de unas 30,000 bancas legales, pero la realidad —esa que se vive en la calle— nos abofetea con una cifra que supera las 100,000 a 150,000 unidades sumando la informalidad.
Hagamos un ejercicio de aritmética social: en municipios como Hato Mayor del Rey, la densidad del juego es asfixiante.
Con poco más de 140 centros educativos (contando públicos y privados), la comunidad se ve asediada por casi 900 puntos de venta de números.
Estamos hablando de una banca por cada 100 habitantes.
¿Cómo puede un pueblo educarse cuando tiene diez oportunidades de apostar por cada oportunidad de aprender?
El Decreto 197-26: ¿Voluntad política o letra muerta?
En abril de 2026, el Gobierno intentó calmar las aguas con el Decreto 197-26, reactivando el Plan Nacional de Regularización.
Sin embargo, a un mes de su emisión, el decreto parece ser más un ejercicio de relaciones públicas que una herramienta de orden.
Las bancas ilegales no se desmantelan; al contrario, se modernizan.
Es difícil creer en la «impolutez» de una gestión cuando el control de estos negocios parece ser el botín con el que se pagan los favores de campaña.
El lavado de activos se disfraza de «suerte», y la regulación estatal es una sombra que nunca alcanza a los infractores.
El silencio de las autoridades ante la proliferación de terminales al lado de escuelas y templos no es descuido, es omisión selectiva.
El asalto a la niñez y la canasta básica
Lo más doloroso de este ecosistema de apuestas es el impacto en la base de la pirámide social. Es cotidiano ver a niños, apenas saliendo de sus aulas, entrar a estos locales para «hacer un mandado» de sus padres, normalizando el vicio desde la infancia.
El juego de azar en República Dominicana no es un entretenimiento; es un impuesto al hambre.
Es el mecanismo por el cual el desposeído, persiguiendo un milagro matemático de 21 sorteos diarios, entrega el dinero del bacalao, los huevos y la leche.
Un llamado a la coherencia
No se puede hablar de desarrollo humano ni de «cambio» mientras se permita que el país sea un casino a cielo abierto.
Las voces de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de sacerdotes y pastores, no deben ser gritos en el desierto, pues
el gobierno debe decidir qué quiere cosechar: si una generación educada y productiva, o una población dependiente del azar y sumida en la ludopatía; un trastorno adictivo reconocido, caracterizado por la incapacidad de controlar el impulso de jugar, provocando consecuencias negativas graves en la salud mental, económica y relaciones interpersonales.
Es considerada una adicción sin sustancia (comportamental) que afecta el cerebro, similar a las drogas, y requiere tratamiento profesional.
La regularización no puede quedarse en los portales digitales del Ministerio de Hacienda; debe llegar con la fuerza de la ley a cada esquina donde una banca ilegal usurpa el espacio de un libro.
Basta de ser un país donde es más fácil jugarse la vida que formarse para ella.
