Por Manuel Antonio Vega
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) representa una de las conquistas sociales y educativas más contundentes del Estado dominicano en la historia reciente. Actualmente, el sistema beneficia a más de 1.6 millones de estudiantes y miembros de la comunidad educativa distribuidos en más de 5,000 a 7,000 centros del sistema público, de los cuales la gran mayoría operan bajo la modalidad de Jornada Escolar Extendida. Para miles de familias dominicanas, el plato servido en la mesa escolar no solo combate la deserción, sino que garantiza la principal ingesta nutricional del día para sus hijos.
Sin embargo, detrás de la magnitud de este programa público existe un motor que amenaza con apagarse por falta de combustible: las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que cocinan y distribuyen cada plato diario.
La paradoja es alarmante.
Mientras las cifras oficiales exhiben un despliegue masivo de raciones, en provincias como Hato Mayor y en múltiples comunidades del país, la desesperación ahoga a los suplidores locales.
Facturas acumuladas desde inicios de año sin saldar han puesto contra las cuerdas la liquidez de decenas de empresarios que no solo deben costear insumos a crédito, materia prima e impuestos ante la DGII, sino también sostener planillas de empleados que dependen directamente de esta actividad económica.
Aunque las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) sostienen que el flujo presupuestario ordinario se procesa con regularidad y atribuyen ciertos bloqueos a fiscalizaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre contratos específicos bajo investigación, la realidad en las comunidades no admite eufemismos: las PYMES locales no pueden financiar al Estado indefinidamente.
La retención prolongada de pagos, generalizada o por distorsiones burocráticas, ahoga a las economías locales que mantienen vivas las cocinas escolares.
Resulta contradictorio e incomprensible que, contando con el presupuesto del 4 % para la Educación, la cadena de pagos del PAE presente baches tan profundos e inciertos.
Un programa social no puede fundamentarse en la quiebra de quienes lo hacen posible.
La administración actual tiene el deber moral e institucional de romper el silencio sepulcral, fiscalizar las irregularidades con celeridad sin paralizar la cadena productiva y saldar de inmediato los compromisos pendientes.
De lo contrario, el menú de la Jornada Extendida correrá el riesgo de quedarse en el papel, dejando vacíos los platos de más de un millón y medio de niños en el país.
Darling Peguero, vocero de la filial de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), confirmó que el gobierno adeuda millones de pesos a los suplidores del almuerzo y el desayuno escolar en Hato Mayor, lo que repercutirá en el atraso del año escolar.
