Por Manuel Antonio Vega
La celebración del Día de las Mercedes en la Zona Colonial no fue solo un acto de devoción; se convirtió en un medidor del fastidio social. Desde el púlpito de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, el sacerdote Fray Jorge Jiménez pronunció una frase que retumba con la fuerza de una verdad inocultable: la inseguridad es un tema que «solo se habla y no se resuelve». Estas palabras no solo describen el sentir de la feligresía, sino que constituyen una radiografía implacable de la inacción y la pasividad gubernamental frente al flagelo de la delincuencia que mantiene secuestrada a la sociedad dominicana.
Es alarmante que la denuncia de la violencia deba escalar de forma recurrente a las homilías para encontrar un eco público de relevancia.
Mientras los ciudadanos viven con el temor constante de salir a las calles, de ser asaltados en la puerta de sus hogares o de ver truncado su patrimonio por el avance desbordado de las bandas y los delincuentes comunes, la respuesta oficial parece atrapada en un bucle eterno de discursos vacíos, promesas de reformas que nunca cuajan y planes piloto que se diluyen con el tiempo.
El gobierno ha confundido la gestión de la seguridad pública con una campaña de relaciones públicas.
El púlpito y el silencio del Palacio
Fray Jorge Jiménez tocó un punto neurálgico al señalar que la delincuencia no es un fenómeno aislado, sino que está vinculada a profundas carencias estructurales: la educación deficiente, la descomposición del tejido familiar y una cultura que, de forma perversa, fomenta la obtención rápida de bienes materiales a través de la violencia.
Ante este complejo escenario, la respuesta del Estado no puede limitarse a la indiferencia o al conformismo de justificar la crisis con base en estadísticas manipuladas.
No se trata de si los índices subieron o bajaron un punto porcentual en el último trimestre; se trata de la percepción real de desamparo que experimenta la población en su día a día.
La crítica eclesiástica pone el dedo en la llaga de la falta de voluntad política para coordinar soluciones integrales. El sacerdote abogó por el establecimiento de mesas de diálogo que permitan articular alternativas conjuntas.
Esta propuesta, lejos de ser un mero llamado espiritual, es una exigencia de gobernanza.
La seguridad ciudadana no se resuelve de forma unilateral desde despachos alfombrados ni con patrullajes mediáticos de corta duración.
Requiere una convocatoria nacional que involucre a los líderes comunitarios, a la Iglesia, a las academias y a las organizaciones civiles.
Vemos a un gobierno que nota y muestra reacio a abrir estos espacios de debate genuino, prefiriendo la opacidad y el centralismo antes que la rendición de cuentas.
La inacción gubernamental tiene un costo directo en vidas humanas y en el deterioro de la convivencia social.
Cuando las instituciones fallan en su deber primordial de garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos, el contrato social se rompe.
La impunidad con la que operan los malhechores envía un mensaje devastador: el crimen paga, mientras que cumplir la ley desprotege.
Esta erosión institucional empuja a la sociedad hacia la desesperanza, un abismo del cual es sumamente difícil retornar.
La fe y la devoción histórica del pueblo dominicano, mencionadas también en la misa, actúan como un bálsamo de resiliencia, pero la esperanza religiosa no exime a los gobernantes de sus responsabilidades constitucionales.
El llamado de la Iglesia en este Día de las Mercedes debe ser interpretado como una última advertencia cívica.
No se puede seguir administrando el problema con paños tibios ni pretendiendo que la delincuencia desaparecerá por arte de magia o por el simple transcurso del tiempo.
Es imperativo que el Poder Ejecutivo asuma un liderazgo proactivo, transparente y decidido.
Se necesitan reformas profundas en el sistema judicial y policial, inversión real en la prevención comunitaria y políticas públicas que aborden las raíces sociales de la criminalidad.
El tiempo de las palabras y los diagnósticos ya se agotó; la ciudadanía exige, con urgencia y legítimo derecho, resultados concretos antes de que el silencio gubernamental termine por convertirse en complicidad absoluta.
El jefe de Estado va a la ONU a pedir que se enfrenten las bandas en Haití, mientras la República Dominicana está sitiada por la delincuencia y los actos de corrupción.
