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VISIÓN PROPIA/RICARDO VEGA
¿Mano dura o reformas de fondo? El dilema de la seguridad
Ante la inseguridad que se vive con el auge desmedido y sangriento de la delincuencia, desde las últimas décadas esta ha sido una de las preocupaciones más profundas de la sociedad dominicana.
El impacto de esos violentos delitos que sacuden la tranquilidad pública, genera reacciones drásticas, como la exigencia de aplicar el «código 29» o «darle para abajo» – eliminar físicamente a los delincuentes – para erradicar el flagelo.
¿Es esta la solución?
Abordar una crisis social tan compleja desde la letalidad plantea serios interrogantes sobre su efectividad real a largo plazo y sus implicaciones para el Estado de derecho.
Quienes defienden enfoques de máxima contundencia suelen argumentar que la neutralización inmediata de los criminales más peligrosos ofrece un alivio directo a las comunidades afectadas. Desde esta perspectiva, se percibe este método como un mecanismo de disuasión frente a quienes desafían la ley.
No obstante, diversas corrientes criminológicas y expertos en políticas públicas sostienen que la muerte de los infractores no desarma las estructuras delictivas. El fenómeno «efecto de sustitución» demuestra que, mientras persistan los mercados ilegales y la demanda de actividades criminales, los miembros caídos son rápidamente reemplazados por otros. La historia de las últimas décadas está plagada de evidencias.
Además, juristas y defensores de los derechos humanos advierten que prácticas como los «intercambios de disparos» no solo vulneran las garantías constitucionales, sino que a menudo sepultan la posibilidad de investigar a fondo los entramados de corrupción y los liderazgos intelectuales detrás del crimen organizado.
La experiencia internacional sugiere que las estrategias basadas exclusivamente en la represión reactiva tienden a saturar los sistemas sin resolver las causas originarias.
Una reducción sostenible de la delincuencia requiere centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de la inteligencia policial, la reforma del sistema judicial para combatir la impunidad y, de manera prioritaria, la inversión social en las comunidades más vulnerables.
Intervenir en factores como la deserción escolar, el desempleo juvenil y la exclusión económica sigue siendo la ruta más sólida para desarticular el reclutamiento delictivo y construir una paz duradera. Aunque desde el poder se entienda otra cosa y se vaya por el camino más fácil.
24/9/2026
