Por Manuel Antonio Vega
La peligrosa costumbre de la ejecucion extrajudicial parece ser un
libreto que se repite con una precisión siniñestra y escalofriante en las esquinas más variadas del país. Cambian los nombres, los lugares y las edades, pero la narrativa oficial permanece intacta: «un presunto enfrentamiento a tiros», «agentes repelieron la agresión» y un joven abatido que fallece en un centro hospitalario.
El caso más reciente ha tenido lugar en el distrito municipal de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, donde Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, alias “Carlos El Menol”, de tan solo 25 años, perdió la vida a manos de agentes de la Policía Nacional.
Según el informe institucional, el joven era buscado activamente por su supuesta vinculación en el homicidio de un hombre en Nagua.
Sin embargo, lo que debió ser un procedimiento policial de detención, investigación y sometimiento ante la justicia se convirtió, una vez más, en una sentencia de muerte ejecutada en el acto.
La Policía Nacional no puede continuar actuando como un tribunal ambulante que juzga, sentencia y ejecuta en las calles a plena luz del día.
El mito del «enfrentamiento» y la erosión del Estado de Derecho
La ciudadanía ha aprendido a desconfiar de las notas de prensa oficiales.
La expresión «enfrentamiento a tiros» se ha transformado en un eufemismo desgastado para encubrir la violencia desmedida e indiscriminada de un cuerpo policial que parece incapaz de neutralizar sospechosos sin arrebatarles la vida.
¿Hasta cuándo se aceptará la versión unipersonal y conveniente de los hechos sin un peritaje independiente ni una investigación exhaustiva?
No se trata de defender la inocencia de quienes violan la ley ni de restarle gravedad a delitos tan desgarradores como el hallazgo de un cadáver enterrado.
Si Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez era responsable de un crimen, el deber sagrado del Estado y de la fuerza pública era capturarlo vivo, procesarlo en los tribunales y garantizar que pagara por sus actos bajo el amparo de la ley.
Al matarlo, la Policía Nacional no solo privó a la sociedad de conocer la verdad completa del caso de Nagua, sino que le arrebató a las víctimas y a sus familiares la oportunidad de presenciar un juicio justo.
Matar al sospechoso no es hacer justicia; es enterrar la verdad.
Cada vez que las fuerzas del orden recurren a la letalidad como primera o principal opción, el Estado de Derecho sufre un colapso.
Nos adentramos en la barbarie de la ley del talión, donde el uniforme otorga una patente de corso para quitar la vida sin consecuencias inmediatas.
Una institución que requiere una transformación estructural urgente
Este patrón recurrente pone en evidencia la profunda crisis estructural de la Policía Nacional.
A pesar de los constantes discursos sobre reforma policial, modernización e instrucción en derechos humanos, la práctica cotidiana refleja una doctrina obsoleta basamentada en la mano dura y el uso desproporcionado de la fuerza.
La violencia institucional no erradica la delincuencia; por el contrario, fomenta una espiral incesante de hostilidad y desconfianza profunda entre la comunidad y quienes se supone deben protegerla.
En zonas turísticas y de rápido crecimiento como Verón-Punta Cana, donde el tejido social es vulnerable y heterogéneo, la presencia policial debiera transmitir seguridad, legalidad y orden, no temor ni impunidad.
La repetición incesante de estos sucesos erosiona la credibilidad de las instituciones y proyecta una imagen devastadora: la de un país donde la vida humana vale poco y donde la policía actúa por encima de la Constitución.
No más ejecuciones en nombre de la seguridad
Es imperativo que el Ministerio Público no asuma de manera automática la versión policial en este ni en ningún otro caso.
Se exige una investigación imparcial, rigurosa y transparente que determine si realmente existió un intercambio de disparos o si se trató de un uso excesivo y letal de la fuerza que califique como una ejecución extrajudicial.
La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la ciudadanía en general no pueden guardar silencio ante esta realidad.
Aceptar pasivamente la muerte de jóvenes a manos de la policía nos convierte en cómplices de un sistema defectuoso.
La seguridad ciudadana no se construye cobrando vidas en las calles, sino garantizando que la ley se aplique con firmeza, justicia y absoluto respeto a la dignidad humana.
La policía existe para proteger y aplicar la ley, no para matar
