Por Manuel Antonio Vega
La democracia dominicana sufrió un preocupante retroceso en las inmediaciones del Parque Independencia ayer miércoles. Lo que debió ser el ejercicio pacífico y legítimo de un derecho constitucional por parte de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) se transformó, por obra y gracia de la intolerancia estatal, en un escenario de gases lacrimógenos, violencia y atropello.
Resulta alarmante y profundamente paradójico que un gobierno que en el pasado capitalizó y protagonizó las demandas sociales, hoy responda con represión química a quienes reclaman salarios dignos, pensiones justas y condiciones laborales mínimas para el sector que garantiza la seguridad alimentaria del país.
El Ministerio de Interior y Policía ha intentado justificar lo injustificable mediante un comunicado técnico y frío, alegando que la manifestación «no contaba con la no objeción correspondiente», que es un recurso burocrático que choca de frente con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana.
La Constitución no pide permiso. Los artículos 47, 48 y 49 de nuestra Carta Magna son taxativos: el derecho a asociarse y a reunirse con fines lícitos no requiere de un permiso previo.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia TC-05-2017-0178) ha dejado claro que la notificación a las autoridades es un acto meramente administrativo para la coordinación vial y de seguridad, no una ventanilla de censura donde el Estado decide quién tiene derecho a protestar y quién no.
Tratar la protesta social como un delito flagrante por la supuesta falta de un sello oficial es una distorsión autoritaria de la ley.
Además, la denuncia de los directivos del gremio es grave: la ANPA intentó depositar formalmente la comunicación el lunes 22 de junio detallando la ruta (calle 30 de Marzo, avenida Francia, Doctor Delgado) y las autoridades se negaron a recibirla.
Bloquear la vía administrativa para luego alegar falta de permisos e interceptar la marcha con violencia es una emboscada institucional inaceptable.
El abandono del diálogo y el recurso de la fuerza
Detrás de las nubes de gas lacrimógeno se esconde una realidad inocultable: la falta de voluntad política y la ruptura de los compromisos asumidos.
Según denunció Tito Hernández, presidente de la ANPA, el mandatario Luis Abinader se comprometió hace diez semanas a atender las demandas del sector.
Dejar pasar el tiempo sin ofrecer respuestas concretas para luego enviar a la fuerza pública a disolver el reclamo es un síntoma de sordera gubernamental.
Es indignante que los agrónomos del país, técnicos que sostienen la producción agrícola nacional, tengan que lanzarse a las calles a mendigar un sueldo base de 50,000 pesos, que en el contexto inflacionario actual sigue siendo insuficiente, y que la respuesta del Estado sea la violencia.
A esto se suma la alarmante indolencia del Ministerio de Agricultura.
La incapacidad de su titular, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, para coordinar, intermediar y defender a sus propios técnicos frente al Poder Ejecutivo es una muestra de desprecio hacia el capital humano que da vida al campo dominicano.
Este gobierno no tiene la intención de proteger a los profesionales y técnicos del sector agropecuario, quienes estsny llamados a sembrar y ayudar a cultivar a los productores nacionales.
Un peligroso precedente
Los derechos no se negocian: La libre circulación de los ciudadanos y el «orden público» no pueden construirse sobre la base de pisotear el derecho a la protesta pacífica.
Quienes hoy gobiernan no pueden olvidar que llegaron al poder prometiendo un cambio institucional y el respeto a las libertades públicas.
Emplear contra profesionales pacíficos los mismos métodos de dispersión violenta del pasado es traicionar ese compromiso con la ciudadanía.
Gobernar implica escuchar, cumplir las promesas y, sobre todo, respetar la disidencia.
Cuando las bombas lacrimógenas sustituyen a las mesas de diálogo, quien verdaderamente pierde el orden y la legalidad no es el manifestante, sino el propio Estado.
La represión contra la ANPA debe ser repudiada por todos los sectores de la sociedad; permitir que se normalice el uso de la fuerza contra reclamos laborales justos es abrirle la puerta de par en par al autoritarismo.
El gobierno, al parecer juega con ese peligro.
